Por Dr. Federico Ruiz Martínez
Existe en Catamarca una persistente ilusión de que el verdadero salto hacia el desarrollo llegará de la mano del descubrimiento y la explotación de sus riquezas naturales. La minería a gran escala, el litio y el potencial energético aparecen recurrentemente como promesas de un futuro de prosperidad. Sin embargo, la experiencia histórica y las investigaciones más importantes de la economía institucional enseñan que la riqueza natural, por sí sola, no garantiza el bienestar de una sociedad.
Podríamos descubrir tres Vaca Muerta consecutivas en nuestro territorio, pero si las instituciones encargadas de administrar esos recursos no funcionan con transparencia, controles efectivos e igualdad de oportunidades, difícilmente esa riqueza se traducirá en mejores condiciones de vida para la población. El riesgo es que termine concentrándose en un reducido grupo de operadores públicos y privados, mientras la mayoría de los ciudadanos continúa esperando los beneficios de un desarrollo que nunca llega. En esas condiciones, incluso los ingresos extraordinarios de la minería pueden consolidar relaciones de dependencia económica y política, en vez de abrir nuevas oportunidades para los habitantes de la provincia.
Responsabilizar exclusivamente de esta situación al gobierno actual o al inmediatamente anterior sería una lectura superficial de nuestra historia. Catamarca arrastra problemas institucionales que hunden sus raíces en la organización colonial y que sobrevivieron a la Independencia, a las sucesivas transformaciones constitucionales, a los gobiernos de diferentes orientaciones políticas, a las intervenciones federales y a los períodos democráticos.
Las prácticas de patronazgo, nepotismo y utilización del empleo público como instrumento de subordinación política no son una novedad. Sus antecedentes se encuentran documentados desde hace más de un siglo.
El historiador catamarqueño Marcelo Gershani Oviedo, investigador de la Universidad Nacional de Catamarca, ha documentado que las redes familiares desempeñaron un papel determinante en la distribución del poder en el Cabildo desde la fundación de la ciudad en 1683. Su estudio de las elites capitulares entre 1809 y 1818 muestra que la Revolución de Mayo no implicó una ruptura decisiva con aquellas redes de parentesco y poder. [1]
En los primeros días de enero de 1899, el periódico catamarqueño La Ley publicó una descripción de las relaciones familiares que vinculaban a las principales autoridades provinciales. Raúl Edgardo Caro reproduce en su obra Escritos económicos aquella enumeración, que merece ser leída íntegramente: [2]
1) El gobernador de la provincia D. Flavio Castellanos es hermano y yerno del diputado a la legislatura y diputado al Congreso D. Adolfo Castellanos, hermano del intendente municipal y vicepresidente del senado D. Felipe Castellanos, cuñado del senador al Congreso D. Julio Herrera, primo del avaluador fiscal y senador provincial D. Adel Barrionuevo, cuñado del gerente del Banco Provincial y senador D. Pastor Olmos y sobrino del diputado al Congreso D. Mauricio Herrera.
2) El señor Adolfo Castellanos, es doble cuñado del senador D. Julio Herrera y cuñado del diputado D. Mauricio Herrera, padre político del senador provincial D. Pastor Olmos, del diputado provincial D. Héctor Olmos, primo de los Senadores provinciales Comandante Maldones, Adel Barrionuevo y Máximo Rivera, etc.
3) El señor Felipe Castellanos, hermano de los anteriores, es cuñado del Vicegobernador D. Dermidio Galíndez y emparentado en la misma forma que los anteriores con miembros de la legislatura provincial.
4) El señor Julio Herrera, antiguo escribano secretario del Juzgado Federal, doble cuñado del primero, cuñado del segundo y tercero, es tío del senador D. Pastor Olmos, y del diputado Olmos, Don Héctor, primo del senador D. Mauricio Navarro (director de la Escuela Municipal), primo hermano del Ministro de Gobierno, Dr. Francisco Olmos González, primo hermano del Presidente de la Corte de Justicia Dr. José Pío Cisneros, hermano del senador provincial D. Cirilo Herrera, primo del senador Maldones, Inspector de Milicias y jefe de piquetes, ídem del diputado D. Nicolás Rodríguez- contador de la Tesorería, etc.
5) El señor Mauricio Herrera emparentado como el anterior, es además yerno del senador provincial y Presidente del Banco Provincial D. Inocencio Giménez-, etc.
En otras palabras, hace 127 años, en Catamarca, el gobierno era prácticamente un asunto de familia. Los cargos públicos se repartían entre parientes y allegados, y quienes vivían del Estado constituían buena parte del sostén político de quienes lo gobernaban. La provincia parecía administrarse como una propiedad de sus gobernantes y no como una institución al servicio de sus habitantes.
Han transcurrido ciento veintisiete años desde aquellos testimonios. Cambiaron los gobiernos, las constituciones, las denominaciones partidarias y las formas de ejercer el poder. Sin embargo, aquellos antecedentes obligan a formular una pregunta que conserva plena actualidad: ¿cuánto cambió realmente aquella manera de entender y ejercer el poder?
Esta pregunta se vincula con uno de los problemas más estudiados por la economía política contemporánea: la influencia de las instituciones sobre la prosperidad de las sociedades.
En octubre de 2024, Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson recibieron el Premio Nobel de Economía por sus investigaciones acerca de cómo se forman las instituciones y de qué manera condicionan el desarrollo económico de las naciones. [3]
Dos de esos investigadores, Acemoglu y Robinson, habían publicado en 2012 un libro cuyo título parece especialmente apropiado para esta discusión: Por qué fracasan los países. [4]
Su explicación distingue entre instituciones inclusivas e instituciones extractivas. Las primeras favorecen la participación económica y política, protegen los derechos, establecen límites al poder y permiten que amplios sectores de la sociedad participen de las oportunidades de progreso. Las segundas concentran las decisiones y los beneficios en grupos reducidos, que utilizan esa posición para preservar sus privilegios y dificultar las transformaciones que podrían amenazarlos.
La conclusión central resulta tan sencilla como trascendente. Una sociedad puede disponer de enormes riquezas naturales y, sin embargo, mantener a gran parte de su población excluida de sus beneficios si las instituciones que administran esos recursos están organizadas para favorecer a unos pocos.
Lo verdaderamente preocupante es que esas estructuras pueden reproducirse durante generaciones porque quienes obtienen ventajas de ellas tienen pocos incentivos para modificarlas.
Estas investigaciones no constituyen un diagnóstico particular sobre Catamarca, pero ofrecen herramientas para comprender su historia y examinar sus desafíos presentes.
Los datos económicos actuales también merecen una reflexión.
Según las estadísticas de empleo público provincial correspondientes a diciembre de 2025, Catamarca registra aproximadamente 102,7 cargos en la administración pública provincial por cada mil habitantes, frente a 37,6 de Buenos Aires, 32,9 de Córdoba y un promedio nacional de 49,8. [5]
Es decir, nuestra provincia registra proporcionalmente más del doble de los cargos públicos provinciales del promedio nacional y alrededor de 2,7 veces los de Buenos Aires.
Estas cifras no significan que el empleo público sea, por naturaleza, improductivo o innecesario. La educación, la salud, la seguridad y la administración de justicia necesitan trabajadores suficientes, capacitados y adecuadamente remunerados. También es cierto que las diferencias territoriales, demográficas y administrativas influyen sobre las necesidades de personal.
El problema aparece cuando el Estado deja de incorporar trabajadores para garantizar servicios y comienza a hacerlo para sostener relaciones de dependencia política, sin concursos transparentes, sin criterios objetivos de idoneidad y sin mecanismos efectivos para evaluar los resultados de la gestión.
En esas condiciones, el empleo público corre el riesgo de convertirse en una forma de subordinación antes que en una herramienta de desarrollo. Un trabajador precarizado, mal remunerado y dependiente de la voluntad de un funcionario difícilmente pueda ejercer con plena libertad los derechos que la Constitución le reconoce.
A ello se agrega otra circunstancia que debería preocuparnos. Según el informe fiscal de la Fundación Encuentro, durante el primer semestre de 2025, Catamarca recibió más de 1,6 millones de pesos por habitante en transferencias automáticas nacionales, mientras que la provincia de Buenos Aires recibió aproximadamente 368 mil pesos. En el mismo período, esas transferencias representaron más del 80 % de los ingresos provinciales de Catamarca. [6]
Recibimos, por habitante, más de cuatro veces los recursos automáticos que Buenos Aires y mantenemos una considerable dependencia del financiamiento nacional.
La comparación debe interpretarse considerando las características del régimen federal de distribución de recursos, las diferencias poblacionales y las necesidades de cada jurisdicción. Pero precisamente por eso resulta indispensable conocer cómo se administran esos fondos y qué resultados producen.
Pensar que Catamarca podrá sostener indefinidamente su futuro sobre transferencias nacionales extraordinariamente superiores a los recursos que genera es una ilusión que puede costarnos muy cara. La solidaridad federal es indispensable para corregir desigualdades, pero pierde su finalidad si los fondos recibidos perpetúan la dependencia en lugar de contribuir a superarla. Ninguna dirigencia responsable puede dar por asegurado que esa asistencia mantendrá siempre su magnitud, cualquiera sea la situación económica del país. Cada año en que esos recursos no se convierten en infraestructura, educación, empleo privado y capacidad productiva propia es una oportunidad perdida para construir una provincia menos dependiente y con mayores posibilidades de decidir su futuro.
La cuestión no consiste simplemente en determinar cuánto dinero recibe Catamarca o cuántos empleados tiene su administración. La verdadera pregunta es qué obtiene la ciudadanía a cambio de esos recursos. Qué calidad de educación, qué atención sanitaria, qué infraestructura, qué seguridad, qué servicios públicos y, fundamentalmente, qué oportunidades concretas de progreso encuentra en su provincia.
Y aquí aparece la cuestión institucional que debería ocupar el centro del debate público.
No puede existir un control democrático efectivo si los ciudadanos desconocen cuántas personas trabajan en las administraciones provinciales y municipales, cómo fueron seleccionadas, qué funciones cumplen, cuánto se gasta en cada organismo, cómo se adjudican las contrataciones públicas o cuáles son los resultados concretos de las políticas financiadas con recursos de todos.
La información pública no pertenece al gobernante ni a los funcionarios que circunstancialmente la administran. Pertenece a la sociedad.
El derecho de acceso a esa información no constituye una concesión graciosa del poder político, ni su ejercicio requiere que el ciudadano explique para qué necesita conocerla. Es una condición indispensable para controlar la gestión, prevenir arbitrariedades y exigir responsabilidades.
Pero la transparencia, por sí sola, tampoco alcanza.
La calidad institucional exige elecciones abiertas y competitivas, instituciones representativas que funcionen efectivamente y una justicia capaz de controlar al poder sin condicionamientos políticos ni económicos. La provincia y sus municipios deben asegurar, además, que presupuestos, contrataciones, resoluciones y resultados de gestión estén al alcance de todos.
Tampoco se trata de plantear una discusión simplista entre un Estado grande y uno pequeño. El verdadero problema es distinguir entre un Estado que garantiza derechos, presta servicios y promueve oportunidades y otro que utiliza sus recursos para conservar estructuras de poder.
La transformación de Catamarca no requiere discursos de buena voluntad ni la fe ciega en un nuevo yacimiento. Requiere que el desarrollo humano, el progreso económico con justicia social y la reducción de las desigualdades orienten las decisiones públicas. El artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional encomienda al Congreso promover esos fines y el crecimiento armónico de la Nación, con políticas que equilibren el desigual desarrollo de provincias y regiones. Ese horizonte constitucional debe guiar la articulación entre la Nación y Catamarca para que la riqueza minera se traduzca en bienestar. [7]
Para que esos objetivos no queden en el papel, deben traducirse en reglas operativas y exigibles. Los ingresos públicos provenientes de la minería deben tener destinos fijados por ley, publicidad de cada ingreso y desembolso, auditorías independientes y control legislativo. Si se utilizan fideicomisos, deben quedar sometidos a esas mismas exigencias, sin convertirse en vías para eludir el presupuesto ni los controles públicos. A ello deben sumarse concursos públicos obligatorios para ingresar a la administración de carrera, portales de datos abiertos con actualización continua y reglas presupuestarias que impidan usar empleos y ayudas públicas como instrumentos de subordinación política. La calidad institucional no se pregona: se construye con normas, controles y consecuencias efectivas para quienes los incumplen.
Han pasado ciento veintisiete años desde aquellas denuncias de 1899. La cuestión de fondo sigue siendo la misma. No se trata solamente de cuánto puede producir Catamarca, sino de qué instituciones necesita para que esa riqueza se transforme en bienestar, en derechos efectivos y, sobre todo, en oportunidades reales para que cada uno de sus habitantes pueda construir, con libertad y dignidad, su propio proyecto de vida.
Porque una provincia no es verdaderamente rica por lo que tiene debajo de la tierra, sino por las oportunidades que ofrece a quienes viven sobre ella.
