Diputados: oficialismo busca bajar tensión ante extraordinarias y reflota la moratoria

En medio de la guerra política por el pedido de juicio político contra la Corte Suprema y una eventual convocatoria a sesiones extraordinarias, la presidenta de Diputados, Cecilia Moreau, invitó a “todas las expresiones políticas a un debate de ideas y proyectos que mejoren la calidad de vida”. Para blindar esa idea, buscó dejar de lado la guerra política contra gran parte de la oposición y pidió por la moratoria previsional que ya votó el Senado y espera ser sancionada por la Cámara baja.

“Hay iniciativas que aguardan todavía la aprobación de la Cámara de Diputados, tales como el Plan de Pago de Deuda Previsional que beneficia a casi 800.000 personas para que puedan percibir la jubilación que les corresponde”, aseguró Moreau en la últimas horas. La legisladora bonaerense agregó: “Asimismo, la ley de Universidades -combo de varias instituciones a crear- es otra medida necesaria para reafirmar nuestro compromiso con la educación y el futuro de nuestros jóvenes con una mirada federal”.

Según Moreau, “en la Cámara de Diputados esperan más proyectos para tratarse que cambian la vida de nuestro país, que apuestan por más inversiones, crecimiento y desarrollo”, y finalizó: “Esperamos que este 2023 sea un año de mucho trabajo y diálogo para lograr los acuerdos básicos que fortalezcan la democracia”.

Meses atrás, Alberto Fernández tuvo que prorrogar la moratoria entonces vigente -se venció el decreto a fines de 2022-, y de allí la necesidad de la Cámara baja de avanzar con la ley. En el Senado, el proyecto del cristinismo fue acelerado de manera exprés por Juliana di Tullio, quien criticó en junio pasado la insistencia opositora “en cuanto a preguntarle al ministro de Economía -en ese entonces, era Martín Guzmán- por el costo fiscal”.

En esa línea, señaló que el mismo será “de 0,02% este año y 0,3% el próximo”, y disparó: “Es insignificante, pero para endeudarse en 50.000 ‘palos’ -en referencia a millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional- no pidieron ninguna aparición en este Congreso”.

Semanas después, la siempre seria Oficina de Presupuesto del Congreso dejó claro en un informe: “Se estima que para el primer año de aplicación de la medida el impacto fiscal sería de 0,27% del PBI, llegando durante el segundo año a 0,42% del PBI”. Es decir, muy alejado de lo expuesto y defendido por Di Tullio en la Cámara alta.

En Diputados, un sector de Juntos por el Cambio presentó un dictamen de minoría para rechazar la moratoria y, en cambio, ofrecer prestaciones en relación con los años de aportes realizados.

Un detalle de la ley kirchnerista es que da luz verde a un permiso para que cerca de 800.000 trabajadores en actividad puedan adelantar cuotas y lleguen, al momento de retirarse, sin deudas previsionales. En el Senado, el proyecto fue avalado por la peronista anti-K de Córdoba Alejandra Vigo, lo que aumenta las chances de sanción en Diputados si en algún momento se llegase a sesionar, ya que el interbloque federal -define, en general, muchas votaciones- no ve con malos ojos a la moratoria en cuestión.

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