Omar Scarel, presidente de la aceitera Vicentin, fue detenido este lunes en la ciudad santafesina de Avellaneda, en el marco de una causa que investiga la venta de activos de la empresa Renova, que estaban cautelados por la Justicia.
Scarel fue apresado en Avellaneda, a unos 330 kilómetros al norte de la capital provincial, y en las próximas horas será trasladado a Rosario, donde este miércoles sería imputado. En la vivienda donde lo detuvieron, los investigadores habrían secuestrado 40.000 dólares y 600.000 pesos.
Además del operativo de detención del empresario, la Unidad de Delitos Económicos y Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario ordenó allanamientos en oficinas de Puerto Norte de esa ciudad del sur provincial.
Las fuentes dijeron que el fiscal Miguel Moreno investiga a Scarel por maniobras realizadas antes de ocupar la presidencia de Vicentin, firma de la que era contador. Entre otras acciones, le endilga haber confeccionado y utilizado balances anuales con cierre a octubre de 2017 y octubre 2018 con datos falsos que ocultaban los verdaderos números de la empresa.
También se le imputa haber presentado informes ante bancos internacionales con la intención de mostrar que Vicentin poseía una posición financiera sólida para conseguir créditos.
Esas maniobras habrían sido realizadas por Scarel entre enero de 2017 y julio de 2019 y le habrían permitido a la aceitera con sede en Avellaneda conseguir créditos por unos 500 millones de dólares.
El comunicado de la empresa
La compañía difundió un comunicado en el que calificó como “absolutamente injustificada, arbitraria y desmedida” la detención de Scarel y señaló que tanto el ejecutivo como todos los miembros del directorio de la empresa “han estado siempre a derecho, a disposición de la Justicia”.
“Llama poderosamente la atención que este hecho ocurra, cuando se han alcanzado las mayorías de cápitas necesarias para aprobar la propuesta concursal y cuando el concurso se encuentra próximo a resolverse con la aprobación de las entidades financieras”, sostiene el documento.
El proyecto de intervención
En junio de 2020, el presidente Alberto Fernández anunció la intervención estatal de la empresa Vicentin y el envío al Congreso de un proyecto de ley de expropiación “para garantizar el funcionamiento de la compañía y los puestos de trabajo”.
La medida no fue bien recibida, y tras masivas movilizaciones, el Gobierno retiró el proyecto.
La deuda total del grupo se estima en u$s 1.350 millones. De ellos, unos u$s 1.000 millones corresponden a pasivos con entidades financieras y los u$s 350 millones restantes con productores agrupecuarios que venden sus productos a la firma.
