El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), asumió una insólita actitud, claramente discriminatoria, convirtiéndose en ejecutor de aquellas conductas contra las que debe actuar.
Con la firma de su delegado Fernando Olivera, la delegación local del organismo emitió un comunicado de “repudio” ante la presentación de un proyecto de ordenanza municipal que intenta declarar a Santa María “municipio pro-vida”.
En el inexplicable documento, el INADI sostiene que “teniendo en cuenta el contexto actual, en donde el Senado de la Nación está debatiendo y dialogando el proyecto para regular y despenalizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), esta iniciativa municipal se torna desafortunada e inoportuna además de inconstitucional y vulnera derechos que están consagrados en la Constitución Nacional, Provincial y en los Pactos Internacionales de los cuales nuestro país es adherente”.
Eso es lo primero que balbucea el escrito, sin hacer mención a qué parte de la Constitución vulnera el proyecto, porque habla de un proyecto, ni siquiera de una ordenanza aprobada. ¿En qué parte de la Constitución se prohíbe presentar un proyecto de ordenanza municipal? ¿Qué derechos consagrados, qué pactos internacionales viola el proyecto?
La ilimitada estupidez del comunicado, continúa al agregar que “desde la perspectiva del INADI se sostiene que es el Estado quien debe garantizar y acompañar, a todas las personas en el ejercicio de sus derechos más fundamentales y no por el contrario, obstaculizarlos imposibilitando, en este caso, el acceso de las mujeres y personas con capacidad de gestar a prácticas de salud sexual e interrupciones legales del embarazo de manera segura”.
Es decir que el INADI está velando por el cumplimiento de leyes que hasta el momento nunca fueron aprobadas. Reíte de Tom Cruise en “Minority Report”, la película de ciencia ficción donde atrapaban a los delincuentes antes de que cometieran un delito.
“Cabe recordar que en casos similares el INADI se ha promulgado al manifestar que desde el nombre mismo de la Ordenanza se pretende sembrar una dicotomía inexistente: Lo que no es pro-vida es pro-muerte concepto que no refleja la realidad”, expresa Olivera en su infinita sabiduría, pero si la dicotomía es inexistente ¿por qué no repudia también los pañuelos verdes o las manifestaciones proabortistas? Si la sociedad está dividida, si el propio Congreso de la Nación discute desde hace años este tema, ¿quién es Olivera para repudiar una de las dos posturas y decidir por él mismo cuál es la correcta?
El pobre Olivera se despide remarcando que “está comprometido con la vida y los derechos de las mujeres, sobre todo las mujeres pobres que mueren al tener que acceder a la práctica de un aborto en la más absoluta precariedad”, con lo cual se habrá ganado un par de mensajes de WhatsApp y la simpatía de algunos grupos.
Sería fantástico lo de Olivera si se expresara a título personal, pero no tiene ningún derecho a utilizar el INADI para hacer propaganda a una postura particular, y menos con el tonto y repetido argumento de que hay que legalizar porque de todas maneras hay abortos. También hay violaciones, venta de droga y crímenes. No se trata de legalizar lo que está mal porque de todas formas ya sucede.
Ante esta barbaridad cometida por el propio INADI… ¿dónde recurrir?
Algunos buscadores del aplauso fácil de los amigos no deberían ocupar cargos públicos.
A muchos por ser militantes, les queda grande los cargos. Por supuesto no conocen vergüenza.