En el marco de una creciente preocupación por el nivel de endeudamiento de las familias, el concejal de la Capital Gustavo Aguirre explicó los alcances de un proyecto de ordenanza que propone implementar un régimen municipal de alivio y reordenamiento de deudas.
Según explicó el edil, la iniciativa surgió a partir de la situación económica que atraviesan numerosos hogares, donde el endeudamiento dejó de estar vinculado a gastos extraordinarios y comenzó a utilizarse para cubrir necesidades básicas.
“Ya no es para cambiar el auto, sino más que nada para pagar la luz, comprar la comida en el supermercado o en el almacén”, señaló Aguirre, quien advirtió que esta situación genera una “bola de nieve” que termina afectando una parte importante de los ingresos mensuales de las familias.
En este sentido, sostuvo que el problema no necesariamente responde a una mala administración de las finanzas familiares, sino también al contexto económico, el incremento de tarifas y otros factores que impactan directamente sobre el poder adquisitivo.
Refinanciación a través de la Caja Municipal
El proyecto contempla utilizar herramientas de la Caja Municipal de Crédito para establecer acuerdos con las entidades a las que los vecinos o empleados municipales mantienen deudas.
La propuesta permitiría cancelar determinados créditos existentes y trasladar la deuda a la Caja Municipal, pero bajo nuevas condiciones de pago, mayores plazos y tasas de interés más bajas y flexibles.
A cambio, se plantea que las entidades financieras o crediticias realicen una quita sobre intereses o incluso sobre parte del capital, bajo un esquema de “esfuerzo compartido”.
“Todos ponemos un poco, todos hacemos un poco de esfuerzo para que podamos resolver de alguna manera la situación que están viviendo las familias”, explicó el concejal.
Controles para evitar deudas simuladas o abusivas
Aguirre remarcó que el proyecto establece numerosos requisitos y mecanismos de control para garantizar que los fondos públicos sean utilizados exclusivamente para atender deudas legítimas.
La iniciativa cuenta con alrededor de 60 artículos y contempla cuatro herramientas diferentes, cada una con requisitos específicos.
Entre los controles previstos se encuentra la verificación de los créditos antes de reconocerlos, dejando afuera aquellos conceptos considerados dudosos o que no puedan ser debidamente acreditados.
Además, se establecen requisitos especiales para las deudas contraídas con particulares. En esos casos, por ejemplo, deberá poder demostrarse que el dinero fue entregado mediante una transferencia bancaria y no en efectivo.
El objetivo, explicó Aguirre, es evitar que el Estado termine utilizando recursos públicos para pagar deudas inexistentes, simuladas o vinculadas con situaciones de usura.
También alcanzaría a créditos de billeteras virtuales
Consultado sobre los préstamos otorgados mediante billeteras virtuales, el concejal confirmó que también podrían quedar contemplados.
La iniciativa alcanza a las entidades o personas autorizadas por la autoridad nacional correspondiente para otorgar créditos. De esta manera, además de los bancos tradicionales, podrían incluirse plataformas y empresas que ofrecen financiamiento a través de medios digitales.
Buscan recuperar el consumo en la ciudad
Aguirre también destacó que el impacto de la medida no estaría limitado a las familias endeudadas.
Según planteó, el sobreendeudamiento provoca que una parte importante de los salarios sea destinada al pago de cuotas e intereses, reduciendo el dinero disponible para realizar compras y afectando directamente al comercio local.
“También creo que ayuda a restablecer un poco la actividad económica de la ciudad, fruto de que se ha caído mucho el consumo por esta situación”, sostuvo.
En esa línea, consideró que el programa podría beneficiar tanto a los hogares como a las empresas y comercios que actualmente enfrentan dificultades para cobrar y sostener sus niveles de actividad.
Un régimen excepcional por 12 meses
El proyecto establece que el régimen tenga carácter transitorio y excepcional, en función de la situación de emergencia que busca atender.
De ser aprobado, tendrá una vigencia inicial de 12 meses, con posibilidad de ser prorrogado por otros 12 meses.
Además, se contempla autorizar al Ejecutivo municipal a realizar nuevas inyecciones de fondos a la Caja Municipal de Crédito para poder afrontar las operaciones previstas por el programa.
“Es transitorio porque se trata de una cuestión de emergencia”, concluyó Aguirre.
