La causa judicial por el escándalo de $LIBRA, que volvió a poner bajo la lupa al presidente Javier Milei, sumó este viernes un nuevo capítulo con la salida pública del fiscal federal Eduardo Taiano, quien decidió explicar el manejo de la investigación en medio de cuestionamientos por supuestas demoras y filtraciones. En un comunicado, el funcionario aseguró que el expediente avanzó condicionado por cuestiones administrativas y por el tiempo que demandó el análisis técnico de los dispositivos secuestrados en la causa.
Según trascendió, Taiano buscó despejar sospechas sobre su actuación luego de que distintos sectores políticos y mediáticos pusieran el foco en el tratamiento de pruebas sensibles, especialmente tras la difusión de información vinculada al peritaje del celular de Mauricio Novelli, uno de los nombres que aparece en el centro del caso. Desde la fiscalía sostienen que no hubo irregularidades y que las medidas se adoptaron respetando las garantías procesales, mientras remarcan que parte de la demora estuvo relacionada con un sumario administrativo impulsado por la Procuración y con la complejidad del análisis informático.
En paralelo, el caso también registró un movimiento clave por parte del Gobierno nacional. En una respuesta formal enviada al fiscal, el Ejecutivo aseguró que no existen registros de un acuerdo entre Javier Milei y el empresario Hayden Davis, uno de los apuntados en la investigación por su vínculo con la criptomoneda. La contestación oficial llegó después de que el peritaje sobre dispositivos incorporara borradores y documentos que mencionaban un supuesto entendimiento entre el Presidente y el empresario, algo que ahora fue rechazado por la Casa Rosada.
Ese punto se convirtió en uno de los ejes más delicados del expediente, ya que las nuevas evidencias conocidas en las últimas semanas reactivaron el debate sobre el grado de conocimiento y participación que pudo haber tenido el entorno presidencial en la promoción del activo digital. Distintos informes periodísticos y análisis del material secuestrado sostienen que la Justicia investiga comunicaciones y documentación que podrían complicar la posición del oficialismo, en especial por los contactos previos y posteriores al lanzamiento de $LIBRA.
Mientras tanto, en el plano político, la oposición volvió a cargar contra el Gobierno y contra el propio fiscal. En Diputados, legisladores que siguen de cerca el expediente avanzaron con pedidos para que Javier Milei y Karina Milei den explicaciones por el caso, al tiempo que se impulsan nuevas medidas parlamentarias para profundizar la investigación. También crecieron los reclamos para revisar el rol de Taiano, a quien algunos sectores acusan de haber entorpecido el desarrollo de la causa o de haber manejado con excesiva reserva información sensible.
En las últimas horas, además, el clima alrededor del caso se vio atravesado por desmentidas y cruces públicos en redes sociales, luego de que circularan versiones, chats y acusaciones sobre supuestas conversaciones y maniobras vinculadas al expediente. En ese marco, portales de verificación advirtieron sobre la difusión de contenido falso atribuido al caso $LIBRA, incluyendo chats apócrifos y publicaciones engañosas que buscaron involucrar a dirigentes, periodistas y protagonistas de la causa.
Con la investigación todavía abierta, el expediente sigue sumando tensión judicial y política. La defensa pública de Taiano, la negativa del Gobierno sobre el presunto acuerdo con Hayden Davis y la presión de la oposición para que el entorno presidencial dé explicaciones vuelven a colocar al caso $LIBRA en el centro de la escena, en un momento en el que cada nueva prueba, filtración o desmentida impacta directamente sobre la Casa Rosada.
