“El fin de la República”, declaman con sobreactuada consternación en los recintos partidarios del PJ. “Alarmante deterioro institucional” y “una de las más graves afrentas contra la vida democrática de nuestro país” denuncian en pronunciamientos apocalípticos orgánicos. Para el justicialismo catamarqueño, alineado con el discurso del arco peronista nacional, la confirmación de la condena a Cristina Fernandez es un quebrantamiento a la división de poderes y una intromisión de la justicia en la política. Lo que para el peronismo provincial, evidentemente solo es gravísimo si pasa fronteras afuera pero acepta con total naturalidad en su terruño.
Porque en Catamarca, la división republicana de poderes no goza de mucha salud. Todo lo contrario, está claramente afectada por el control y la injerencia omnipresente del Poder Ejecutivo y la estructura política que ejerce el Gobierno. Desde el Poder Judicial, pasando por el Legislativo, y extendido a varios órganos de control, la administración de Jalil ostenta un evidente
No es necesario entrar en un análisis minucioso y tedioso de todos los vericuetos del Poder Judicial en los que el Gobierno acomodó su hueste, porque solo con ver la conformación del máximo tribunal de la Provincia queda más que probada la tesis; Hernan Martel y Miguel Figueroa Vicario ex legisladores del peronismo y funcionarios en los gobiernos de Lucia Corpacci y Raúl Jalil, ejerciendo cargos de neto corte político como el Ministerio y la Asesoría de Gobierno. Fernanda Rosales, sobrina de la ex gobernadora, Fabiana Gómez, esposa del senador Ferreyra y Jorge Bracamonte, la más reciente incorporación, abogado personal y amigo del Gobernador.
El blindaje, cuando las circunstancias lo demandan, está más que garantizado. Como en el rechazo de los amparos contra los aumentos de aportes a la OSEP y la nueva Defensoría del Pueblo, presentados por el SOEM y el diputado Ávila, que la Corte consideró inadmisibles, desactivando la impugnación a los decretos discrecionales de Jalil que la legislatura aprobó sin chistar.
Y ahí llegamos a la prueba tangible de que, de igual manera, el Poder Legislativo también responde con obediencia incondicional a las demandas del Ejecutivo, aunque implique validar, como una escribanía, el gobierno por decreto de Jalil. Disolución del ENRE por decreto, aunque esté creado por ley… aprobado. Modificación del cálculo de aportes a la OSEP… aprobado. Modificación por decreto de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas para que sus directores ganen 9 millones de pesos… por supuesto, aprobado. Modificación por decreto de la ley de Defensor del Pueblo y designación express de su titular… ¿por qué no? Aprobado.
Y qué decir del Tribunal de Cuentas, órgano de control administrativo de los actos de Gobierno, que de a poco va siendo copado por los amigos del Gobernador, con traspasos directos y sin escala de funciones ejecutivas a tareas de auditoría y control, como Jorge Moreno o Juan Cruz Miranda, que pasan de ser ministros provinciales a autoridades del TC. Función en la que, cómo estarán de borrados los límites entre poderes y organismos, probablemente les toque en hacer controles sobre su propia gestión como ministros.
Algo parecido se puede decir de la Defensoría del Pueblo que será ejercida por otro amigo del Gobernador, en una función que podría demandar observar o impugnar acciones del Ejecutivo, por ejemplo en su calidad de prestador de servicios. ¿No presenta eso tambíen una peligrosa y suspicaz influencia?
Para el PJ catamarqueño la confirmación de la condena a Cristina Fernandez en la CSJN, después de varias instancias judiciales de revisión, quebrantan peligrosamente el sistema republicano. Pero nada parece preocuparles que los tentáculos del Gobierno se filtren y digiten en todos los demás poderes. Están tan preocupados con lo nacional que lo que sucede en la provincia parece pasarles desapercibido.
El catucho