La ciudad de Los Ángeles vivió horas de máxima tensión tras una segunda jornada consecutiva de protestas encendidas contra operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), centrados en el barrio de Paramount, una zona de mayoría latina. Las manifestaciones derivaron en enfrentamientos directos entre ciudadanos y agentes federales, que respondieron con gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y bastones para dispersar a la multitud.
Frente a la creciente tensión, el presidente Donald Trump firmó un memorando presidencial en el que ordena el despliegue de 2.000 miembros de la Guardia Nacional en la ciudad californiana. Según argumentó, la decisión busca “restaurar la seguridad” luego de que “turbas violentas” atacaran a oficiales del ICE y a fuerzas federales en plena vía pública.
Desde la administración federal sostienen que el refuerzo militar es necesario. El jefe de la patrulla fronteriza, Tom Homan, aseguró en Fox News que se trata de una medida para “hacer de Los Ángeles un lugar más seguro”. En la misma línea, el subdirector del FBI, Dan Bongino, publicó en la red social X (antes Twitter): “La ley y el orden prevalecerán. No dudaremos en usar esposas si es necesario”.
Sin embargo, desde el Estado de California y la administración local hubo un contundente rechazo a la intervención federal. El gobernador Gavin Newsom calificó las redadas como “crueles e imprudentes” y acusó al gobierno de Trump de intensificar el conflicto en vez de calmarlo. Por su parte, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, criticó duramente la presencia del ICE en la ciudad: “Siembran el terror entre los vecinos. Esta no es la forma de resolver la situación migratoria”.