La querella en la causa que investiga al empresario Edgar Adhemar Bacchiani por múltiples delitos económicos presentó una firme oposición al intento de cierre de la investigación penal preparatoria (IPP). Según el abogado Alfredo Aydar, representante de numerosas víctimas, la instrucción judicial está “manifiestamente inconclusa” y su clausura sería “prematura y violatoria del debido proceso”.
En la presentación realizada ante el Juzgado Federal de Catamarca, Aydar argumentó que el expediente, caratulado como “Bacchiani, Edgar Adhemar y otros s/ defraudación, lavado de activos y asociación ilícita”, no ha agotado líneas investigativas clave, particularmente en lo referido al presunto lavado de dinero a través de criptoactivos.
“La causa tiene una trascendencia institucional, económica y social incuestionable, y sin embargo, aspectos centrales como la ruta del dinero y la intervención de exchanges internacionales no han sido siquiera abordados”, señaló el letrado.
Ruta del dinero y omisiones
Uno de los puntos más críticos señalados por la querella es la ausencia de medidas probatorias para verificar la posible comisión del delito de lavado de activos. Aydar subrayó que informes técnicos presentados en la causa aportan evidencias documentadas sobre el uso de criptomonedas y redes societarias para blanquear fondos de origen ilícito.
“La propia Cámara Federal de Tucumán reconoció en septiembre de 2024 indicios suficientes de lavado por parte de varios imputados”, recordó el abogado. No obstante, hasta la fecha no se han solicitado oficios a plataformas cripto, ni peritajes sobre billeteras virtuales o análisis patrimoniales de los acusados.
Riesgo de impunidad
Desde la querella también se advirtió que cerrar la IPP en este estado vulnera el derecho constitucional de las víctimas a obtener justicia y a conocer la verdad procesal. “Privar a las víctimas de una tutela judicial efectiva sienta un precedente regresivo en el tratamiento penal de estructuras económicas delictivas”, sostuvo Aydar.
Nuevas medidas solicitadas
En el escrito presentado, la parte querellante solicitó al juzgado que revoque el cierre parcial de la causa y disponga una batería de medidas probatorias: desde pedidos de información internacional a exchanges cripto, hasta pericias contables y patrimoniales, y la ampliación de la imputación por lavado de activos.
“El intento de clausura, tal como está planteado, equivale a un sobreseimiento encubierto. No podemos permitir que la causa quede trunca mientras quedan tantas preguntas sin responder”, concluyó el abogado.
La resolución del Juzgado Federal será clave para determinar si la investigación continuará su curso o si, por el contrario, se corre el riesgo de que uno de los casos más resonantes de presunto fraude financiero en el país quede sin una investigación completa.