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Reforma económica bajo el proyecto de Ley Bases 2.0: Las propuestas de Milei

Tras el revés sufrido por la Ley Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina durante las sesiones extraordinarias, La Libertad Avanza presenta una nueva iteración del proyecto, notablemente reducida en su extensión pero con modificaciones significativas que prometen redefinir la economía del país.

A pesar de recibir desdén del público y ser referida de manera despectiva como “ley combi” o “ley taxi” por parte del periodismo y la oposición, el proyecto contiene reformas de envergadura que podrían tener un profundo impacto en la estructura económica argentina.

La nueva versión de la Ley Bases busca avanzar en desregulaciones económicas y comerciales, modificaciones en las cajas jubilatorias, privatizaciones, un régimen de incentivos para grandes inversiones y una reestructuración del sector energético, entre otras iniciativas.

Entre los cambios más significativos que propone la nueva Ley Bases, destacan los siguientes puntos:

Privatizaciones Bajo el lema de reducir el gasto público y mejorar la eficiencia de las empresas estatales, el proyecto contempla la venta total o parcial de 19 empresas, con el objetivo de obtener divisas que respalden el plan económico de Luis Caputo.

Entre las empresas sujetas a privatización o concesión se encuentran Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina (Enarsa), Radio y Televisión S.A., Intercargo, Aguas y Saneamientos Argentinos (Aysa), Correo Oficial, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria del Estado (Sofse) y Corredores Viales.

Además, se establece la posibilidad de convertir algunas empresas en sociedades mixtas, lo que permitiría la venta de una porción de sus acciones. Esta lista incluye a Nucleoeléctrica Argentina, Banco Nación, Nación Seguros, Nación Reaseguros, Nación Seguros de Retiro, Nación Servicios, Nación Bursátil, Pellegrini S.A. y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

Jubilaciones La Ley Bases propone derogar la moratoria previsional que permite a personas acceder a la jubilación sin cumplir con los 30 años de aportes requeridos. Aquellos que no cumplan con los requisitos legales solo podrían acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de una jubilación mínima.

Además, el proyecto busca intervenir en el Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) manejado por la Anses, permitiendo al Ministerio de Economía absorber los títulos públicos en su poder, lo que reduciría el volumen de endeudamiento.

Energía Una parte importante de la Ley Bases está destinada a desregular y liberalizar la explotación y comercialización de hidrocarburos, con el objetivo de maximizar la renta obtenida de estos recursos. Esto podría permitir a las petroleras priorizar las exportaciones sobre el abastecimiento interno, dependiendo de las condiciones del mercado internacional.

Además, se establecen condiciones para avanzar en la producción y exportación de Gas Natural Licuado (GNL), con disposiciones que aseguran la estabilidad de las condiciones de exportación incluso en caso de desabastecimiento interno.

Grandes Inversiones El proyecto introduce un “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones” (RIGI), que otorga beneficios impositivos y estabilidad tributaria a proyectos de inversión superiores a los 200 millones de dólares en sectores como la agroindustria, minería, energía, tecnología y forestal.

Entre los incentivos se incluyen reducción del impuesto a las ganancias, suspensión del impuesto a los dividendos, cancelación del IVA con certificados de crédito fiscal, descuento de bienes personales a cuenta de ganancias, exención de otros impuestos provinciales o municipales, arancel 0 para importaciones, retenciones 0 desde el tercer año y estabilidad tributaria por 30 años.

Aunque estas reformas prometen cambios significativos en la economía argentina, la opinión pública y el periodismo especializado plantean interrogantes sobre su viabilidad y sus posibles consecuencias. La aprobación de la nueva Ley Bases parece inminente, aunque la estabilidad política del gobierno y la capacidad de implementación de estas reformas siguen siendo motivo de debate y especulación.

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