El diputado provincial Francisco Monti cuestionó el proyecto impulsado por el Gobierno provincial para modificar el régimen de CAMYEN y advirtió que, pese a ser presentado oficialmente como una “Ley de Transparencia Minera”, la iniciativa no garantizaría mecanismos suficientes para asegurar la transparencia en la venta de propiedades mineras de la empresa estatal.
Según explicó el legislador, uno de los principales cambios del proyecto es que CAMYEN pasaría a funcionar bajo el formato de sociedad anónima, aunque continuaría siendo una empresa del Estado. Sin embargo, consideró que el punto central de la discusión es que se habilitaría a la compañía a vender propiedades mineras, una posibilidad que hasta el momento estaba restringida.
“Lo relevante es que se habilita a CAMYEN a vender propiedades mineras, cosa que hasta acá tenía vedado. Podían hacer distintos tipos de contratos, de exploración, explotación, etcétera, pero sin transferir la concesión y la propiedad entera”, explicó Monti.
En ese sentido, el diputado puso el foco en los mecanismos que se utilizarían para concretar esas operaciones y reclamó mayores garantías para la sociedad catamarqueña.
“Lo que está en discusión es cuál es el mecanismo, cuál es el método y cuáles son los resguardos que tenemos todos los catamarqueños de que esta empresa, que tiene 500 propiedades mineras, lo va a hacer de manera transparente”, sostuvo.
Monti planteó que deberían existir licitaciones, ofertas públicas y mecanismos de competencia que permitan determinar que las propiedades sean adquiridas por quienes realicen la mejor oferta y que el Estado obtenga el mayor valor posible por cada operación.
“Queremos estar seguros de que cada centavo que ingrese a CAMYEN por estas ventas sea el máximo posible. Lo que no queremos es abrir la posibilidad a que la vendan a un peso con cincuenta cuando realmente vale diez”, afirmó.
El legislador también cuestionó que las operaciones puedan realizarse de manera bilateral y advirtió sobre el uso de cláusulas de confidencialidad. A modo de ejemplo, comparó la situación con una eventual venta de un inmueble público.
“Si mañana el Gobierno decide vender el Predio Ferial y nos informa que se lo vendieron a una empresa X, pero por razones de confidencialidad no nos dicen cuál fue el precio, cuáles fueron los plazos o cuáles fueron las condiciones de la venta, en definitiva no nos están informando nada de lo verdaderamente relevante”, ejemplificó.
Antecedentes y cuestionamientos
Monti vinculó sus críticas con una denuncia presentada el año pasado por una operación relacionada con derechos de exploración y explotación minera. Según sostuvo, en ese caso se transfirieron derechos a una empresa vinculada, de acuerdo con sus declaraciones, a un empresario relacionado con el gobernador de Catamarca.
“Nosotros lo hemos constatado y de hecho hemos hecho una denuncia el año pasado justamente por esto, cuando se transfirieron derechos de exploración y explotación a un socio y amigo del gobernador de Catamarca”, afirmó.
El diputado hizo referencia particularmente al caso de Cerro Atajo y cuestionó la creación de una empresa denominada Luba poco tiempo antes de la transferencia de las propiedades mineras.
“Un mes antes de la transferencia de las propiedades de Cerro Atajo se creó una empresa que se llamaba Luba y después fue adquirente”, aseguró.
Monti sostuvo que el objetivo de su planteo es evitar que operaciones de este tipo puedan concretarse por valores inferiores a los reales.
“Una propiedad minera vale diez, queremos que se venda en diez y que esos diez ingresen a la empresa. Lo que no queremos es abrir la posibilidad a que la vendan a un peso con cincuenta y que después la diferencia entre el precio real y el precio que se ha figurado se la lleve algún pícaro”, remarcó.
“Hay un alto desconocimiento sobre qué es CAMYEN”
Consultado sobre el nivel de conocimiento que existe entre los legisladores respecto del proyecto, Monti reconoció que se trata de una cuestión compleja y sostuvo que existe un importante desconocimiento general sobre el funcionamiento de CAMYEN y las propiedades mineras.
“En líneas generales hay un alto desconocimiento de qué es una propiedad minera, un alto desconocimiento de qué es CAMYEN”, manifestó.
El diputado explicó que la empresa estatal administra un conjunto de propiedades vinculadas al potencial minero de la provincia y comparó su funcionamiento con el de una inmobiliaria, aunque aclaró que se trata de bienes y derechos relacionados con el subsuelo.
“Nosotros estamos acostumbrados a interpretar y entender lo que son los derechos sobre adquirir tierras, que es lo que está en la superficie. Pero también hay un derecho y reglas que rigen lo que está en el subsuelo. En el subsuelo, ya sea para el petróleo, para el agua o para la minería, existen reglas específicas. Y acá es donde juega CAMYEN”, explicó.
Para Monti, CAMYEN posee un capital estratégico porque cuenta con un privilegio establecido por ley para adquirir propiedades donde eventualmente puedan desarrollarse proyectos mineros.
“Lo que está en juego en este debate es cómo se va a transaccionar ese capital, con qué niveles de transparencia, con qué niveles de trazabilidad y, por supuesto, con qué niveles de garantía para la sociedad en general”, sostuvo.
Cuestionó el nombre del proyecto
El legislador también cuestionó directamente la denominación de “Ley de Transparencia Minera” elegida por el oficialismo.
“Creo que tenemos que hacer el intento de dar el debate con la mayor altura posible y, además, luchar, por lo menos en la conversación pública, contra estos slogans que pone el Gobierno, que tiene el tupé de ponerle a la ley ‘Transparencia Minera’”, manifestó.
Y agregó: “Esto de transparencia no tiene absolutamente nada”.
En esa línea, Monti señaló que, a su entender, CAMYEN ya cuenta actualmente con herramientas para publicar información sobre sus actividades, pero que esa información no se encuentra disponible de manera completa.
“Actualmente CAMYEN no tiene ningún impedimento para publicar toda su actividad y no lo hace”, afirmó.
Como ejemplo, sostuvo que en la página oficial de la empresa no encontrarían información sobre el estado de las propiedades mineras vinculadas a Cerro Atajo ni sobre determinados contratos relacionados con Minas Capillitas.
“Si ustedes se preguntan cuáles son los contratos que hay dentro de Minas Capillitas, por ejemplo, con una empresa que se llama Loci, tampoco existe”, aseguró.
Finalmente, Monti pidió profundizar el debate público sobre el proyecto y llamó a evitar que las denominaciones oficiales condicionen la interpretación de las iniciativas.
“Las cosas son lo que son, no lo que alguien dice que es”, concluyó.
