El ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Juan Cruz Miranda, entregó cinco matrículas a cooperativas locales, que generarán nuevas fuentes de trabajo y se podrán introducir al sistema económico.
Los flamantes grupos cooperativos de Capayán, Santa Rosa y Fiambalá recibieron, además los documentos constitutivos, los libros rubricados y sus respectivos certificados.
En la oportunidad, el ministro Miranda también realizó la entrega de una máquina de coser Overlok para el fortalecimiento del emprendimiento familiar textil del liberado condicional, al Sr. Román Raúl Gordillo, quien se capacitará en el oficio de costura dentro del Servicio Penitenciario Provincial.
Los nuevos grupos cooperativos Ayni” y “La goyita”, del departamento Capayán, “CAT TUC” y “Tabacaleros Los Altos” de Santa Rosa y la cooperativa de trabajo “Puna Vicuña” de Fiambalá (departamento Tinogasta) se suman a las 45 cooperativas que recibieron sus matrículas durante el presente año 2022, lo que refleja un significativo crecimiento del cooperativismo provincial.
En el acto de entrega de matrículas y maquinaria estuvieron presentes también el secretario de Asuntos Institucionales, Gastón Venturini; el director de Acción Cooperativa y Mutuales, Jorge Aparicio y el director de Derechos Humanos, Hernán Velardez Vaca.
Acompañamiento post penitenciario
El director de Derechos Humanos explicó que “el Patronato de Liberados, área de la Dirección de Derechos Humanos, trabaja con el objetivo de facilitar la inserción laboral de personas atravesadas por la ley penal y son liberados condicionales, tienen libertad asistida o prisión domiciliaria. Con este fin, se realiza el acompañamiento integral para el desarrollo de emprendimientos individuales y colectivos, así como el fortalecimiento de espacios de trabajo ya constituidos” explicó Velardez Vaca.
Finalmente se pudo conocer que la compra de herramientas o maquinarias necesarias para dichos proyectos se efectúan en el marco del convenio de colaboración institucional entre el Ministerio de Justicia de la Nación y la Provincia de Catamarca, para la supervisión, control y asistencia de condenados liberados condicionales y asistidos, personas que hayan agotado su pena y probados.