Los aspirantes a integrar la Policía de Ecuador deberán pagar sus camas, colchones, armarios y alimentos mientras dure su formación, según una decisión del Gobierno nacional que, a la vez, aspira a llegar a 2025, cuando termina el mandato del presidente Guillermo Lasso, con 30.000 nuevos agentes.
El Ejecutivo modificó el esquema de formación de los policías y hasta la extensión del proceso, que bajó de dos años a seis meses.
El director de Educación de la Policía, Marcelo López, explicó que los cambios en el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop) hicieron que ahora no se reconozca a los aspirantes como parte de la estructura orgánica de la Policía, sino civiles en formación.
“Eso genera que no tengan derechos, ni obligaciones como un policía”, señaló López y confirmó que los futuros policías deberán hacerse cargo de los gastos para el equipamiento de dormitorios y para su alimentación.
Este lunes, 6.286 nuevos aspirantes a policías inician un nuevo proceso de formación, 5.137 hombres y 1.149 mujeres, elegidos en un proceso de selección de cuatro meses.
El Gobierno, dispuso dos partidas presupuestarias que suman 556.541 dólares, que se utilizará para cubrir los servicios básicos de las escuelas de formación y material de oficina, como computadoras, copiadoras, bancos y pizarras.
Sobre la alimentación diaria, la Policía aseguró que diseñó un plan para invitar a las empresas proveedoras de comida a que abastezcan a los aspirantes, pero sin firmar acuerdos ni hacerse cargo de los pagos.
La institución aclaró que solo buscará facilitar que las empresas acuerden con los aspirantes, para que ellos contraten el servicio de alimentación. “Al final será un acuerdo entre privados”, explicó un vocero.
Habrá solo empresas locales en la negociación y dos representantes de los aspirantes, un mecanismo sin antecedentes en la historia de la Policía, igual que el aporte personal de los futuros oficiales en materia de camas y colchones.
El Gobierno de Lasso hizo de la seguridad una cuestión central, al menos en su discurso, y como parte de sus políticas dispuso en varias regiones el estado de excepción ante el crecimiento de los índices de delincuencia.
Habilitó, además, que las Fuerzas Armadas puedan participar en el combate a la delincuencia interna, y permitió que bomberos, agentes de tránsito y de aduanas y municipales pudieran hacer uso de la fuerza y llevar armas.
Como la participación de militares en cuestiones internas es cuestionada, el oficialismo analiza incluir una pregunta al respecto en una consulta popular que planea para 2023.
