La Justicia argentina recibió en las últimas horas una denuncia para que se investigue una presunta estructura de desinformación financiada desde el exterior, con posibles vínculos con el régimen ruso y con capacidad de incidir en medios de comunicación, redes sociales y en el debate público local. La presentación fue realizada por el abogado Jorge Monastersky, quien solicitó que se determine si existieron maniobras organizadas para infiltrar contenidos en el ecosistema mediático argentino con fines políticos.
Presenté una denuncia penal por averiguación de ilícito ante indicios serios de injerencia extranjera en el sistema informativo argentino y generar desestabilización en le gobierno del presidente @JMilei
En un Estado constitucional de derecho no puede admitirse —ni…
— Dr.Jorge Monastersky (@jorgemonasOK) April 3, 2026
Según trascendió, la denuncia se conoció luego de una investigación periodística internacional que expuso una supuesta campaña de influencia atribuida a una organización identificada como “La Compañía”, señalada como heredera de estructuras de propaganda vinculadas al Grupo Wagner. Ese informe sostiene que entre junio y octubre de 2024 se habrían financiado más de 250 artículos en portales digitales argentinos, con el objetivo de erosionar la imagen del presidente Javier Milei y amplificar tensiones políticas y sociales dentro del país.
— Secretaría de Inteligencia (@SIDE_Argentina) April 3, 2026
De acuerdo con los documentos filtrados que dieron origen a la polémica, la operatoria habría incluido el pago de al menos 283.100 dólares por publicaciones difundidas en más de 20 medios digitales, combinando noticias reales con información manipulada o directamente falsa. Además, distintas publicaciones señalaron que el monto total destinado a tareas de influencia, monitoreo y otras acciones conexas habría superado los 600 mil dólares.
En su presentación, Monastersky pidió que se analice si esas maniobras pudieron afectar el funcionamiento institucional argentino y si hubo participación de estructuras extranjeras con el propósito de alterar la conversación pública. La denuncia busca establecer si existió una estrategia coordinada para infiltrar mensajes en medios locales, direccionar agendas y generar impacto político mediante operaciones de desinformación.
El caso tomó mayor dimensión luego de que distintos medios nacionales replicaran el contenido de la investigación internacional. Entre ellos, La Nación reveló que la presunta campaña formó parte de una estrategia más amplia del Kremlin para desacreditar a la Casa Rosada en un contexto de fuerte alineamiento del gobierno de Milei con Estados Unidos y Ucrania en materia internacional. En la misma línea, Chequeado publicó que los documentos filtrados describen operaciones de influencia política y desinformación en Argentina impulsadas por agentes rusos poco después de la asunción presidencial.
En paralelo, otras publicaciones remarcaron que la supuesta red no solo habría buscado instalar contenido en medios, sino también financiar campañas digitales, amplificar mensajes en redes y profundizar climas de polarización. Incluso se indicó que la operatoria se habría replicado en otros países de la región, como Bolivia y Venezuela, como parte de una estrategia de alcance internacional.
