Durante los últimos meses, la cantidad de ciudadanos rusos que están siendo procesados judicialmente en su país natal por oponerse a la guerra en Ucrania ha ido en aumento. Mientras tanto, el conflicto bélico no muestra señales de terminar en un futuro cercano. Además, en la región de Kherson, 23 asentamientos siguen sufriendo las consecuencias de las inundaciones causadas por la destrucción de la represa de Kakohvka.
En Rusia, la libertad de expresión tiene límites marcados de manera clara, lo que lleva a los ciudadanos a reprimir sus opiniones y análisis por temor a las consecuencias. Aunque la población en general ha aceptado las decisiones del gobierno sin replicar, son principalmente los líderes políticos quienes han expresado su desacuerdo con el inicio del conflicto bélico en Ucrania.
En los últimos meses, el gobierno ruso ha intensificado la búsqueda y persecución de opositores y pacifistas que se han manifestado en contra de la guerra. Según datos del grupo de derechos humanos OVD-Info, más de 20 mil personas han sido arrestadas por expresar su desacuerdo con el conflicto, y miles más han sido acusadas de difundir “información falsa”. En este sentido, en las últimas semanas las autoridades han detenido a varias personas por comentarios que realizaron en sus redes sociales en 2022, al estallar la guerra.
En el otro lado del conflicto, en Kherson, Ucrania, todavía se sienten los estragos causados por la destrucción de la represa de la central hidroeléctrica de Kakhovka. A día de hoy, 879 edificios residenciales siguen inundados y la situación es crítica. Ante esta emergencia, el gobierno ucraniano ha comenzado a trabajar a través del Ministerio de Desarrollo de Comunidades, Territorios e Infraestructuras para crear registros de las áreas afectadas y dar inicio a los trabajos de reconstrucción.