El Tribunal Oral Federal N° 2 dispuso nuevos embargos preventivos sobre propiedades y activos vinculados a Cristina Kirchner, su familia y empresarios relacionados con la causa Vialidad. Entre los inmuebles alcanzados por la medida se encuentra el departamento ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria.
El inmueble pertenece a la firma Los Sauces y quedó incluido entre los bienes que la Justicia busca preservar para garantizar el cumplimiento de la condena y el resarcimiento económico establecido por el tribunal. El perjuicio al Estado fue fijado en $685.000 millones.
La resolución aclara que el embargo no modifica la titularidad de las propiedades ni implica una subasta inmediata. La medida apunta a impedir que los bienes sean vendidos, transferidos o afectados mientras continúa el proceso de ejecución patrimonial.
Esta nueva etapa alcanza a más de un centenar de activos pertenecientes a sociedades vinculadas a la familia Kirchner y a empresas del empresario Lázaro Báez. Entre los bienes incluidos figuran propiedades en el Madero Center de Puerto Madero, terrenos y construcciones en Río Gallegos, el chalet de Cristina Kirchner en El Calafate y un predio donde funciona un hotel en El Chaltén.
También fueron alcanzados bienes e inversiones vinculados a Máximo y Florencia Kirchner. En el caso de Florencia, el tribunal ordenó al Banco Galicia que informe, en un plazo de 24 horas, sobre una caja de seguridad que tendría más de cinco millones de dólares y sobre dos cuentas bancarias.
Los jueces fundamentaron las medidas en los vínculos económicos que, según la sentencia de Vialidad, existieron entre las empresas de Lázaro Báez y los negocios de la familia Kirchner. El fallo había señalado que parte de los fondos vinculados al esquema investigado circularon mediante alquileres y la explotación de establecimientos hoteleros de Los Sauces y Hotesur.
La resolución también contempla la reinscripción de embargos sobre vehículos pertenecientes a personas condenadas en la causa.
Las nuevas medidas se conocen mientras la Corte Suprema analiza los planteos de las defensas respecto de una primera etapa que alcanzó a 111 bienes. Con estos nuevos embargos, el TOF 2 busca mantener bajo resguardo el patrimonio alcanzado por la condena mientras avanza su ejecución.
