Infierno en la nieve, aunque suene contradictorio, es lo que se vivió, cuando un operativo de rutina en la inmensidad de la Puna estuvo a punto de convertirse en una tragedia de dimensiones históricas para 14 trabajadores de la multinacional minera Rio Tinto.
Lo que la compañía intentó maquillar en comunicados oficiales como un evento climático “extremo y sin precedentes” es, en realidad, el crudo reflejo de una alarmante cadena de negligencias corporativas y una preocupante falta de control estatal.
Tal fue el comportamiento de la empresa que empezó mandando comunicados sobre la situación de 4 personas, cuando en realidad eran 14. Sin palabras.
Durante casi 100 horas, los operarios sobrevivieron a la intemperie, soportando temperaturas de hasta -15°C, sin refugios adecuados y librados a su propia suerte, mientras las alertas meteorológicas eran ignoradas en los despachos de los ejecutivos.
La crisis comenzó el domingo 19 de julio, cuando todo el país estaba pendiente de la final del Mundial, la cordillera ya se encontraba bajo rigurosa alerta por temporales y viento blanco.
En una decisión que el gremio de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) calificó como una flagrante violación a los protocolos de seguridad, la empresa autorizó el desplazamiento de dos camionetas entre Antofagasta de la Sierra y los yacimientos de litio, un tramo hostil de 120 kilómetros a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar.
Y todo salió mal, como era previsible. Una camioneta quedó varada por la acumulación de nieve, y en lugar de activar un protocolo profesional de alta montaña, se envió un segundo vehículo a auxiliarla. Este tomó un desvío habitual de lluvias, perdió el rumbo y su rastro desapareció por completo del radar de la base.
El viento blanco borró cualquier huella de circulación. El grueso del contingente quedó atrapado junto al primer vehículo, pero la segunda camioneta quedó completamente aislada del mapa. Sálvese quien pueda.
El punto más escandaloso de esta crisis radica en el colapso total de los canales de comunicación y contingencia de Rio Tinto. Fue el propio entorno familiar el que tuvo que encender las alarmas en el mundo exterior. El domingo por la noche, uno de los mineros atrapados logró discar desde la intemperie un número desconocido mediante un teléfono satelital. Atendió su esposa, Vilma Carrizo, a quien el operario le rogó desesperadamente que no colgara: la empresa no respondía a sus reportes de emergencia y las bases parecían desiertas.
A pesar de que los familiares notificaron de inmediato al área correspondiente de la minera, las máquinas prometidas para esa noche nunca llegaron. Ante la inacción empresarial y el avance implacable del frío polar, el instinto de supervivencia obligó a dos de los operarios a abandonar el vehículo para caminar a la intemperie buscando señal o auxilio.
Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Vial de la multinacional permanecía en un absoluto y desconcertante letargo.
Días después, un operativo conjunto que movilizó a más de 60 personas -entre Bomberos Voluntarios de Santa María, Policía, Vialidad Provincial y baqueanos- logró el hallazgo escalonado de los damnificados.
El rescate evidenció que ni siquiera la infraestructura logística estaba preparada para semejante escenario: una de las topadoras enviadas al paraje La Apacheta quedó inutilizada a solo 200 metros del objetivo porque el gasoil se congeló debido a las temperaturas extremas.
¿Fue una desgracia o el efecto de la codicia? ¿Los trabajadores mineros son para estos pulpos carne barata de cañón?
La respuesta discursiva de Rio Tinto ha despertado indignación generalizada. En sus gacetillas oficiales, la minera se escudó en la imprevisibilidad del clima para eludir las preguntas de fondo: ¿Por qué se habilitaron traslados de rutina sin urgencia operativa bajo alerta meteorológica? ¿Por qué fallaron los rastreos por radar de sus unidades móviles? ¿Por qué la empresa no disponía de refugios térmicos de emergencia a lo largo de una ruta minera de alta transitabilidad?
El rol del Estado provincial también quedó severamente cuestionado. Si bien se prometió abrir una investigación a través del Ministerio de Minería, hasta ahora se esquivan las definiciones de responsabilidad política.
Catamarca cuenta con un marco legal estricto (como las Resoluciones S.E.M. N° 236/2019 y Minería N° 216/2021) que exige auditorías constantes sobre las operaciones en la Puna. Sin embargo, este episodio demuestra que los controles estatales son insuficientes o meramente burocráticos, actuando solo cuando el desastre ya se consumó.
La comparación con provincias vecinas deja en evidencia la desidia local: en San Juan, la denominada “Operación Invierno” exige 16 estaciones meteorológicas propias y camiones barrenieve obligatorios en yacimientos como Veladero, lo que permitió suspender tareas preventivamente el 16 de julio.
En Catamarca, bajo el amparo de la laxitud gubernamental, se permitió que una multinacional expusiera a 14 seres humanos a una muerte casi segura por congelamiento.
La pregunta que la sociedad y las familias de los mineros se hacen es categórica: ¿Habrá sanciones económicas y penales a la altura de lo ocurrido o la rentabilidad volverá a tapar la negligencia de estos grupos extranjeros?
El catucho
