El diputado provincial Fernando Baigorrí (MID) aseguró que la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, fue formalmente invitada a participar de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho y manifestó que existe la expectativa de que pueda visitar Catamarca, aunque aclaró que su presencia dependerá de cuestiones de agenda.
Baigorrí relató que compartió con la vicepresidenta los actos oficiales por el 9 de Julio en Tucumán y aprovechó la oportunidad para consultarle sobre una posible visita a la provincia.
“Nos dijo que fue formalmente invitada y que depende de su agenda, pero dejó muy en claro que le encantaría venir porque le gusta mucho Catamarca y siente el afecto de los catamarqueños cada vez que visita la provincia”, expresó.
En el plano político, el legislador consideró que la relación entre el Gobierno de Catamarca y la administración nacional es “bastante activa”, y recordó que el gobernador Raúl Jalil mantiene diálogo directo con el presidente Javier Milei y con funcionarios nacionales. No obstante, señaló que aún falta tiempo para analizar el escenario electoral del próximo año y remarcó que hoy las principales preocupaciones de la ciudadanía pasan por la economía.
“La gente está preocupada por llegar a fin de mes, por pagar la luz y calefaccionarse. La política también tiene que mirar esas prioridades”, sostuvo.
Críticas al receso legislativo
Consultado sobre el receso invernal de la Legislatura provincial, Baigorrí cuestionó la interrupción de la actividad parlamentaria y opinó que deberían continuar las sesiones para tratar iniciativas que beneficien a los catamarqueños.
En ese sentido, reiteró su postura de impulsar una reforma constitucional que establezca el inicio del período ordinario de sesiones el 1 de febrero, en lugar del 1 de mayo.
Defendió el plus médico y responsabilizó a OSEP
Otro de los temas abordados por el diputado fue el conflicto por el cobro del plus médico. Baigorrí defendió la posición de los profesionales de la salud y sostuvo que el verdadero problema radica en la forma de financiamiento de la obra social provincial.
Explicó que OSEP abona actualmente alrededor de 20 mil pesos por una consulta médica y que ese pago se efectúa a 90 días, cuando el valor real de la prestación ronda los 34 mil pesos. Además, afirmó que los médicos reciben un monto considerablemente menor debido a descuentos impositivos, administrativos y a los costos propios del ejercicio profesional.
“Aquí se intenta demonizar la figura del médico y enfrentar al afiliado con el profesional, cuando quien debe resolver el problema es la obra social y el Gobierno provincial”, afirmó.
También cuestionó la propuesta oficial de incrementar el aporte de los afiliados a OSEP y sostuvo que esa medida no constituye una solución de fondo.
Respecto de la denominada ley antiplus, consideró que fue una herramienta creada por la política para intentar resolver un problema generado por el propio Estado, aunque aseguró que no logró ese objetivo. A su entender, la norma fija un límite a los honorarios médicos sin resolver el atraso en los pagos ni el financiamiento del sistema.
Finalmente, al referirse a declaraciones atribuidas a la ministra de Salud, Claudia Palladino, sobre la posibilidad de que quienes no estén conformes renuncien a la obra social, Baigorrí advirtió que una decisión de ese tipo terminaría perjudicando a los afiliados y sobrecargando aún más al sistema público de salud.
“Es momento de buscar soluciones entre todos y no profundizar un conflicto que termina afectando a los pacientes”, concluyó.
