La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas denunció penalmente al secretario de Minería, Luis Lucero, por presunta incompatibilidad en el ejercicio de su cargo, al considerar que intervino en la modificación de la Ley de Glaciares pese a sus vínculos previos con empresas del sector, incluyendo un activo rol vinculado con Catamarca.
Lucero formó parte del estudio Marval O’Farrell Mairal donde asesoró a empresas mineras del rubro como Xstrata, AngloGold Ashanti, Rio Tinto, Vale, Cameco Corporation, Silver Wheaton, Hochschild Mining, Denison Mines, Andean Resources, Pan American Silver y Newmont.
Intervino en Bajo La Alumbrera, Cerro Vanguardia y en numerosas operaciones de fusiones, adquisiciones de empresas y compraventa de activos del sector, incluyendo la venta por Rio Tinto a Vale del proyecto Potasio Río Colorado y la adquisición de Andean Resources (Proyecto Cerro Negro) por parte de Goldcorp.
El secretario se excusó oficialmente mediante la Resolución 630/2025 del Ministerio de Economía (14/05/2025), en la que reconoce haber sido “asesor legal externo y/o miembro del directorio” de las empresas mineras “Glencore Pachón S.A., Minera Alumbrera Limited, Minera Agua Rica (MARA), MIM Argentina S.A. y MIM Argentina Exploraciones S.A.”. A pesar de ello, intervino activamente en la construcción de la modificación regresiva de la Ley de Glaciares que favorece directamente a sus clientes y asociados.
La denuncia expone cómo la excusación fue apenas declarativa: el secretario reconoce sus vínculos con esas compañías y, de todos modos, actúa en el proceso para remover obstáculos legales para esos intereses.
Con su accionar, sostiene la denuncia, amplía el margen de habilitación para proyectos mineros en zonas que antes se encontraban prohibidas, flexibilizando la norma, por pedido expreso de las propias empresas mineras que ahora pusieron a sus asesores y directivos en el Estado justamente para destruir la normativa que protege a los glaciares.
El planteo se dio en paralelo a una fuerte controversia en el Congreso y el reclamo fue impulsado por Maximiliano Ferraro y acompañado por Romina del Pla y Sabrina Selva, quienes cuestionaron su intervención por haber sido abogado de empresas mineras.
En ese contexto, Ferraro sostuvo que el funcionario no debería formar parte del expediente “como lo hizo en 2025”, justamente por sus antecedentes profesionales en el sector. Lucero figuraba en la lista de oradores de la reunión informativa por la Ley de Glaciares.
La presentación sostiene que Lucero cuenta con antecedentes en el sector privado, donde se desempeñó en el estudio jurídico Marval O’Farrell Mairal asesorando a compañías mineras internacionales y participando en operaciones vinculadas a activos del rubro. Para la organización, esos antecedentes configuran un conflicto de intereses al momento de intervenir en decisiones públicas que podrían favorecer a esas mismas empresas.
En ese marco, advierten sobre un posible “entramado de intereses” que vincula a funcionarios, consultores, estudios jurídicos y empresas mineras en el impulso de cambios regulatorios. Según plantean, se trataría de una dinámica de “puertas giratorias” entre el sector público y privado que pone en riesgo el cumplimiento de la normativa ambiental.
La reforma ya se aprobó, pero estas cuestiones seguirán flotando en la justicia.
