El Gobierno nacional prepara el envío al Congreso de un nuevo proyecto de ley para incorporar figuras delictivas que hoy no están tipificadas de manera específica en el Código Penal y, al mismo tiempo, endurecer las penas para una serie de delitos que ganaron centralidad en la agenda pública por su impacto en la seguridad cotidiana. La iniciativa incluirá modalidades como las denominadas “viudas negras”, los ataques de “motochorros”, las “salideras” y “entraderas”, además de sumar cambios en materia de delitos económicos, migratorios, penitenciarios y contra menores.
Según trascendió, se tratará de un proyecto más breve que la anunciada reforma integral del Código Penal, una discusión de mayor alcance que por ahora quedó postergada. La intención oficial es avanzar primero con un paquete puntual de modificaciones que el Ejecutivo considera prioritarias y que buscará instalar en la agenda legislativa durante este trimestre.
Uno de los puntos centrales del texto es la incorporación por primera vez de la figura conocida como “viuda negra” como una modalidad específica de robo agravado. La propuesta prevé penas de hasta 12 años de prisión para quienes suministren sustancias a una víctima —por engaño o por la fuerza— con el objetivo de anular su voluntad y concretar un robo.
El proyecto también apunta a tipificar con nombre propio el accionar de los “motochorros”, una modalidad delictiva frecuente en grandes centros urbanos. En este caso, la escala penal prevista iría de 2 a 8 años de prisión, y se sumaría una inhabilitación para conducir de hasta 16 años, en un intento por agregar sanciones accesorias además de la condena penal.
En paralelo, el texto incorporará figuras específicas para las salideras bancarias y las entraderas, con penas de entre 3 y 12 años de prisión. Además, se contemplan agravantes cuando los ataques ocurren al ingreso o salida de viviendas, entidades bancarias o escribanías, una modalidad que volvió a quedar en el centro de la discusión tras casos recientes de alto impacto, como el robo sufrido por una abogada en La Plata esta semana.
El paquete también incluirá un capítulo económico enfocado en las estafas piramidales, con la creación de un artículo específico y penas de entre 3 y 12 años, especialmente cuando la víctima pierda total o parcialmente el dinero invertido. A esto se suman nuevas figuras vinculadas al ingreso irregular de extranjeros, la reincidencia tras deportaciones, el soborno a autoridades migratorias y maniobras ligadas al tráfico de personas, con escalas penales que, en los casos más graves, podrían llegar hasta los 20 años de prisión.
En materia penitenciaria, el proyecto prevé crear un delito específico por la tenencia de armas dentro de cárceles, con penas de 2 a 6 años, y agravantes para funcionarios que faciliten su ingreso. También se ampliará el catálogo de objetos prohibidos y las conductas sancionables dentro de los establecimientos de detención.
Otro de los ejes será el endurecimiento de sanciones por picadas ilegales. La propuesta eleva la pena mínima a 1 año y la máxima a 6 años, además de duplicar el tiempo de inhabilitación para conducir. En caso de que esas carreras clandestinas deriven en una muerte, la condena podría alcanzar los 8 años de prisión.
El texto, además, contempla un refuerzo de la protección penal para niños, niñas y adolescentes. Se prevén penas más severas para grooming, abuso sexual infantil y delitos vinculados a la producción, tenencia o distribución de material de abuso sexual, con agravantes cuando las víctimas sean menores de 13 años o personas con discapacidad. En los casos más graves, las escalas podrían llegar hasta los 15 años de cárcel.
En el plano político, la iniciativa forma parte de una estrategia oficial para retomar la agenda legislativa con proyectos de alto impacto público, en un contexto en el que la inseguridad volvió a ocupar un lugar central en el debate. De hecho, en redes y foros locales ya aparecieron reacciones y discusiones sobre la necesidad de actualizar el Código Penal y sumar nuevas figuras vinculadas a delitos urbanos y violencia cotidiana, reflejando que el tema volvió a instalarse con fuerza en la conversación pública.
