El 19 de febrero de 2026 marcó un hito inédito para la realeza británica: Andrew Mountbatten-Windsor —hasta hace poco el príncipe Andrés— fue detenido por la policía por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público.
La investigación sostiene que habría compartido información oficial con el fallecido financista y abusador sexual Jeffrey Epstein cuando actuaba como enviado comercial del Reino Unido.
La detención ocurrió en su residencia del complejo real de Sandringham y las autoridades allanaron propiedades vinculadas a él. El caso es histórico: se trata del primer arresto de un miembro de la familia real en siglos y amenaza con abrir una crisis institucional para la Casa de Windsor.
El propio rey Carlos III se distanció rápidamente del escándalo y dejó una frase que resonó en el Reino Unido: “La ley debe seguir su curso”.
El origen: el vínculo con Epstein
La detención no es un hecho aislado. Es el punto culminante de una historia que comenzó hace más de veinte años.
La estadounidense Virginia Giuffre denunció en el año 2001 que fue obligada a mantener relaciones sexuales con Andrés cuando era menor de edad tras ser captada por la red de Epstein.
El príncipe siempre negó las acusaciones, pero en 2022 aceptó un acuerdo extrajudicial millonario que incluyó una donación a la fundación de la denunciante y un reconocimiento de que Epstein traficó jóvenes durante años.
La investigación judicial nunca cerró del todo la polémica. Documentos posteriores volvieron a difundir acusaciones de abuso ocurridos en 2001, reactivando el escándalo global.
El abogado penalista británico Mark Ellison —consultado por la BBC en investigaciones similares— explicó que estos casos “no dependen solo del delito sexual sino del abuso de poder institucional”, algo que amplía enormemente la gravedad jurídica.
Un problema para la Corona
El caso golpea directamente la legitimidad de la monarquía. Una encuesta citada tras el arresto mostró una caída del apoyo público a la institución, especialmente entre jóvenes.
Durante años el Palacio intentó aislarlo para proteger la imagen real. Sin embargo, la sucesión de revelaciones —desde correos hasta testimonios judiciales— volvió imposible separar la figura personal del sistema institucional.
Para la socióloga británica Pauline Maclaran, especialista en cultura real: “El problema no es solo Andrew: es la percepción de privilegio y de impunidad”.
La trayectoria del duque de York es una de las caídas más abruptas de la historia moderna de la realeza. Pasó de ser héroe militar en la guerra de Malvinas, el embajador comercial del Reino Unido y una figura prominente de la Corona a estar en el centro de la polémica acusado de cometer delitos sexuales e institucionales.
Con todo, que haya permanecido detenido no implica condena. La fiscalía aún debe decidir si presenta cargos formales. Pero el daño político ya es profundo: la monarquía británica enfrenta uno de sus mayores desafíos contemporáneos.
Más que un escándalo personal, el caso del príncipe Andrés se convirtió en una discusión global sobre poder, privilegios y responsabilidad. Y por primera vez en siglos, la pregunta ya no es si un royal puede caer en desgracia, sino si puede terminar en la cárcel.
