El Gobierno de la Provincia de Catamarca salió a aclarar este lunes que no existen deudas en el pago de subsidios al sistema de transporte público y advirtió que no fue autorizada ninguna reducción de horarios, luego de versiones difundidas en distintos medios sobre posibles recortes en el servicio.
A través de un comunicado oficial, la Secretaría de Transporte de la Provincia de Catamarca, dependiente del Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte, detalló que durante todo el Ejercicio 2025 el Estado provincial sostuvo financieramente el sistema mediante transferencias mensuales correspondientes al Subsidio Provincial al Transporte y al Boleto Estudiantil Gratuito (BEG).
Según los datos oficiales, el total transferido al sistema de transporte durante 2025 alcanzó los $10.366.610.043,92, discriminados en $7.231.524.688,55 en subsidios provinciales y $3.135.085.355,37 en concepto de BEG para el Valle Central. En ese marco, el organismo remarcó que no existen períodos de “tres o cuatro meses” de atraso, desmintiendo de forma categórica las afirmaciones sobre supuestas deudas.
En relación con la eventual reducción de horarios, la Secretaría recordó que el transporte público es un servicio esencial, regulado por la Ley Provincial N° 4906, que establece los principios de continuidad, regularidad y obligatoriedad. En ese sentido, subrayó que cualquier modificación de frecuencias u horarios debe contar con autorización expresa de la Autoridad de Aplicación, y que las empresas concesionarias no pueden disponer recortes de manera unilateral.
“El organismo no ha autorizado reducción horaria alguna”, enfatiza el comunicado, al tiempo que advierte que, ante incumplimientos contractuales o legales, la Provincia está facultada a aplicar sanciones que van desde apercibimientos y multas hasta la suspensión, caducidad o inhabilitación de las concesiones.
No obstante, el Gobierno provincial informó que se convocó a las empresas del sector a una mesa técnica de trabajo para analizar la estructura de costos y las variables económicas del sistema, en un contexto de disminución significativa de la demanda. El análisis, indicaron, se realizará con criterios técnicos, transparencia y apego a la normativa vigente, priorizando el interés general y la protección de los usuarios.
Finalmente, el Ejecutivo reafirmó su compromiso con la continuidad del servicio, el cuidado de los recursos públicos y la garantía del derecho a la movilidad de los catamarqueños, al remarcar que el transporte público debe prestarse con previsibilidad, responsabilidad y dentro del marco legal.
