Desde que asumió como gobernador, Raúl Jalil fue reiterativo en señalar a la minería como un pilar de la economía de Catamarca. Sin ir muy atrás en el tiempo, en el discurso ante la Asamblea Legislativa del pasado 1 de mayo, el mandatario definió a la actividad minera como “uno de los grandes ejes de desarrollo en Catamarca”. Casi no hay vez en la que, haciendo declaraciones públicas del tema que sea, Jalil no destaque la importancia que tiene la minería para su gestión. Pero, con sus decisiones, genera señales confusas.
Sin proyectos de megaminería en actividad, ni en el horizonte cercano, Jalil concentra el grueso de su gestión minera en la explotación del litio, por el que mantuvo una intensa agenda en sus 17 meses de gobierno. La lenta reactivación de Agua Rica, fusionado ahora en el proyecto MARA, ni da señales de que vaya a ser fuente de dividendos en el mediano plazo, ni demanda mayor atención por ahora.
En ese contexto, y subido a la fiebre mundial del “oro blanco”, Jalil dirigió su gestión minera al litio. Entre acciones de nivel institucional, como los acuerdos con Nación y las provincias de la Mesa del Litio, y contactos comerciales con capitales extranjeros interesados en invertir en Catamarca, el Gobernador llevó a la acción su discurso de impulsar la explotación del metal ligero.
Sin embargo, aunque las gestiones gubernamentales van en dirección a propeler la explotación del litio catamarqueño, no parecen ser igual de certeras en el objetivo de beneficiar económicamente a la provincia. Fomentar la explotación de los recursos naturales no es lo mismo que generar buenos acuerdos para el desarrollo socioeconómico. De hecho, la historia reciente de la minería así lo demuestra, es más fácil vender las riquezas que generar crecimiento a partir de esos dividendos.
La duda sobre cuánto cambiará la penosa historia de Catamarca y la minería con la tan mentada explotación del litio se basa en hechos recientes que, tristemente, hacen pensar que la historia se va a repetir con el “oro blanco”. Acciones de gobierno de la administración Jalil que no dan demasiadas esperanzas.
Por un lado, desde el minuto uno que se inició la explotación del litio en Catamarca, se está repitiendo la misma nefasta experiencia del proyecto Alumbrera, dejando que los recursos naturales no renovables se vayan de la provincia como materia prima. Las propuestas de desarrollar la industrialización y valor agregado para el litio no pasan de la instancia proyectual. Mientras tanto, toneladas de minerales siguen yéndose de la provincia, como una sangría de recursos, para abastecer fábricas que dan trabajo y generan riquezas en otros países y hasta en otras provincias argentinas.
Con esta lógica, que ofrece a la provincia como una parcela de donde expoliar riquezas naturales, en los 15 meses de gobierno Jalilista la explotación del litio dejó a la provincia; 1.030 millones; un promedio de 68,7 millones al mes, con una proyección de 824 millones de dividendos anuales. Es decir, menos del 1% del presupuesto anual. Migajas al lado del valor estratégico que el litio tiene en el mercado global.
Igual de incoherente con la defensa de los intereses provinciales fue el acuerdo que el Gobernador firmó con la provincia de Salta, para “promover y compartir los recursos mineros de la zona limítrofe del Salar del Hombre Muerto, que se mantiene en disputa desde 1943.” En Catamarca, la firma del Acuerdo Marco de Facilitación y Fomento de Proyecto Minero fue promocionado como la solución a un conflicto irresoluto que trababa la expansión de la explotación del litio. Y, sin embargo, no fue más que la aceptación sumisa del avasallamiento del territorio catamarqueño por parte de la provincia de Salta.
Más allá del conflicto limítrofe, que sigue sin resolverse más por cuestiones políticas que por falta de certezas geográficas (los límites son claros y el cuestionamiento de Salta es totalmente subjetivo y caprichoso), la provincia vecina avanzó sobre el territorio catamarqueño otorgando pedimentos mineros a empresas que explotan recursos de Catamarca y tributan en Salta.
Según aseguraron en el Gobierno de la provincia, el acuerdo “de ninguna manera significa otorgar o perder soberanía, o territorio”. Y, sin embargo, en nombre de “fomentar y facilitar las inversiones, en un marco de seguridad jurídica”, se firmó la aceptación de compartir.
Finalmente, hay que ser prudente y ver hacia dónde evoluciona la propuesta, pero sorprende el proyecto que propone declarar al litio como un recurso natural estratégico para el país, lo que en principio traspasaría potestades y autoridad al Gobierno nacional.
La propuesta, elaborada por la diputada nacional del Frente de Todos, Carolina Moisés, se vende como un paso para asegurar que el valor agregado al litio se genere en el lugar de origen, con el objetivo de “garantizar la promoción de la mano de obra local”. Sin embargo, resignar la iniciativa en la gestión implica renunciar al poder de decisión y abre la puerta a otros intereses que licuan los de la provincia.
El gobernador Raúl Jalil ya expresó su apoyo, y el Gobierno parece dispuesto a aportar sus votos en el Congreso si el proyecto llegara a esa instancia. Lo que, a la luz de los antecedentes, no garantiza cumplir las expectativas de la provincia, legítima dueña de los recursos, de lograr el desarrollo.
El mandatario se muestra decidido a impulsar la explotación del litio y la creciente demanda mundial por el mineral garantiza compradores. Pero el apoyo a la expansión de la producción no será una buena noticia a menos que se trabaje con el mismo empeño en lograr el impacto en la provincia. Hasta ahora, en ese camino queda todo por hacer. Y las señales, son confusas.