En un nuevo episodio de tensiones políticas entre el Gobierno nacional y las provincias argentinas, Santa Fe se posiciona en contra de la decisión de eliminar los anticipos destinados al pago de haberes jubilatorios que anteriormente transfería a 13 provincias. Esta medida, que ha generado controversia, había sido establecida durante la gestión de Mauricio Macri y ha sido objeto de críticas por parte del gobierno provincial liderado por Maximiliano Pullaro.
El secretario de Seguridad Social de Santa Fe, Jorge Boasso, cercano colaborador del gobernador Pullaro, denunció la acción del Gobierno nacional como una “apropiación indebida de fondos”. Boasso criticó al presidente Javier Milei, señalando la contradicción entre su búsqueda de consenso con los gobernadores y la implementación de recortes a las cajas jubilatorias provinciales a través de decretos.
La controversia surge a raíz del reciente decreto 280/2024, publicado en el Boletín Oficial, que modifica la prórroga de la Ley de Presupuesto 2023. Esta medida, motivada por el contexto electoral del año anterior, incorpora cambios que impactan directamente en las provincias, incluyendo la derogación de la prórroga de los recursos destinados a las cajas jubilatorias provinciales y la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior.
Específicamente en el caso de las jubilaciones de empleados públicos provinciales, la medida revoca los artículos 92 y 93 de la Ley de Presupuesto 2023, que establecían la transferencia mensual de anticipos por parte de la ANSES a las provincias que no habían transferido sus regímenes previsionales al Estado nacional.
Santa Fe se encuentra entre las provincias afectadas por esta decisión, lo que ha generado preocupación tanto en el gobierno provincial como entre los beneficiarios del sistema jubilatorio. Con alrededor de 100.356 beneficiarios y promedios de jubilaciones de $571,503 y pensiones de aproximadamente $335.060, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe enfrenta un escenario desafiante.
Boasso destacó que la deuda de la Nación con Santa Fe asciende a unos 700 mil millones de pesos, una cifra significativa que, en su opinión, podría destinarse a obras importantes en la provincia. En este sentido, el funcionario provincial ha pedido una mayor federalización y la aprobación urgente de una ley de coparticipación inversa, que permita a municipios y provincias recaudar fondos y luego coparticipar con la Nación.
