El Gobierno nacional ya trabaja contrarreloj para intentar revertir el freno judicial que dejó en suspenso buena parte de la reforma laboral y analiza una estrategia que combina apelaciones inmediatas, presión política y una eventual llegada acelerada a la Corte Suprema. Después del fallo que suspendió más de 80 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en la Casa Rosada consideran que el conflicto recién empieza y que la pelea de fondo será en los tribunales.
La medida cautelar fue dictada tras una presentación de la CGT y alcanzó artículos centrales de la norma aprobada por el Congreso, especialmente los vinculados con cambios en el derecho de huelga, la representatividad sindical, la reducción del alcance de la Ley de Contrato de Trabajo y otros puntos sensibles del nuevo esquema laboral impulsado por el oficialismo. El revés judicial encendió alarmas dentro del Ejecutivo, que ya anticipó que buscará sostener la validez de la ley por todas las vías disponibles.
Según la reconstrucción publicada este sábado por Infobae, la principal hoja de ruta del oficialismo incluye la apelación del fallo de primera instancia y, en paralelo, la evaluación de un eventual per saltum o mecanismo de aceleración judicial que permita llevar el caso cuanto antes al máximo tribunal. En Balcarce 50 creen que la disputa no se resolverá en el fuero laboral y apuestan a encontrar una instancia judicial más favorable para defender la constitucionalidad de la reforma.
Dentro del Gobierno, sin embargo, también hay preocupación. La suspensión de 82 o 83 artículos —según las distintas reconstrucciones periodísticas del alcance exacto de la cautelar— golpeó el corazón de una de las reformas que la administración de Javier Milei venía presentando como estructural para el mercado de trabajo y la competitividad empresaria. La decisión judicial, además, profundizó la incertidumbre sobre la reglamentación y aplicación de varios puntos que ya estaban en marcha o esperaban implementación.
En el oficialismo sostienen que el fallo tiene un fuerte componente político y cuestionan que una ley votada por el Congreso haya quedado paralizada de manera preventiva antes de una sentencia de fondo. Esa lectura es compartida por sectores empresarios y por juristas cercanos a la reforma, que remarcan que el Ejecutivo buscará instalar el debate sobre los límites del poder cautelar de los jueces frente a una norma sancionada por el Poder Legislativo.
Mientras tanto, la CGT celebró la resolución como un triunfo parcial y dejó en claro que defenderá en tribunales cada uno de los artículos impugnados. El conflicto, de este modo, no solo reabre la pulseada entre el Gobierno y el sindicalismo, sino que también vuelve a poner a la Justicia en el centro de una disputa política de alto voltaje, en un momento en el que la administración libertaria ya mantiene varios frentes abiertos con distintos fueros judiciales.
