La reforma de la Ley de Glaciares volvió a instalarse en el centro de la agenda política y ambiental en la Argentina. El proyecto impulsado por el Gobierno nacional, que ya obtuvo media sanción en el Senado y ahora espera definición en Diputados, es presentado por el oficialismo como una “actualización” que busca introducir criterios técnicos y científicos más precisos para determinar qué zonas deben quedar bajo protección estricta. Sin embargo, organizaciones ambientalistas, especialistas y parte de la oposición advierten que los cambios podrían reducir el alcance de la norma vigente y abrir la puerta a nuevas actividades extractivas en áreas sensibles.
La actual Ley 26.639, sancionada en 2010, establece la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos, fundamentales para el abastecimiento de agua, la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas de montaña. Además, prohíbe en esas zonas actividades que puedan afectarlos, como la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, la instalación de industrias y la liberación de sustancias contaminantes.
El núcleo de la discusión está en la redefinición del ambiente periglacial y en el criterio de protección. Según la propuesta oficial, la tutela más estricta se concentraría en aquellas áreas donde exista una función hídrica comprobada, es decir, donde se demuestre de manera técnica que cumplen un rol relevante en la regulación o recarga de cuencas. Desde el Gobierno y sectores que apoyan la reforma sostienen que esto permitiría corregir “zonas grises” de la ley actual, evitar interpretaciones amplias y dar mayor previsibilidad jurídica a proyectos productivos, en especial mineros.
En esa línea, columnas de opinión publicadas en las últimas semanas remarcaron que el espíritu de la reforma no sería “desproteger” los glaciares, sino delimitar con mayor precisión científica cuáles son los ambientes que realmente deben quedar alcanzados por la prohibición absoluta de actividades económicas. Los defensores del proyecto plantean que la normativa vigente generó en algunos casos trabas sobre áreas que no tendrían un valor hídrico estratégico equivalente al de un glaciar o un ambiente periglacial funcional.
Pero del otro lado, el rechazo es contundente. Referentes ambientales y organizaciones como FARN sostienen que la reforma implica un retroceso porque reemplaza una protección amplia y preventiva por una lógica más acotada, que podría terminar habilitando intervenciones en zonas hoy protegidas. Además, cuestionan que trasladar mayor peso a evaluaciones puntuales o a decisiones provinciales puede derivar en criterios dispares y en una flexibilización que favorezca el avance de la minería sobre territorios frágiles.
El debate no es menor: en la Argentina, los glaciares y ambientes periglaciares son considerados reservas clave de agua dulce para miles de productores, poblaciones cordilleranas y sistemas urbanos. Distintas voces remarcan que, en un contexto de crisis climática y estrés hídrico, cualquier modificación sobre su nivel de protección tiene impacto más allá de la discusión legislativa. En las últimas semanas, además, se multiplicaron audiencias públicas, manifestaciones y pronunciamientos de expertos, mientras el tema sumó fuerte repercusión social y política.
La controversia también expone un trasfondo económico. El Gobierno y gobernadores de provincias mineras consideran que la ley actual limita inversiones millonarias en proyectos de cobre, litio y otros minerales estratégicos. Por eso, la reforma es leída por sectores productivos como una herramienta para destrabar inversiones y fortalecer el desarrollo de economías regionales. Sin embargo, los críticos responden que el país no debería plantear el dilema como una elección entre agua o minería, y advierten que el costo ambiental podría ser irreversible si se debilitan los resguardos.
