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Recorte al Poder Judicial: “No fue una decisión unilateral”

La diputada oficialista María Argerich participó este viernes de la entrega de viviendas en el complejo habitacional Valle Chico y, en dicha oportunidad, dialogó con Catamarca es Noticia para brindar detalles sobre el tratamiento del presupuesto del Poder Judicial.

La legisladora manifestó que desde la Comisión de Hacienda están en condiciones parlamentarias para tratar este miércoles el presupuesto de la provincia. “Se vino haciendo un arduo trabajo para poder emitir los despachos, poder estudiarlo, analizarlo y hacer reconsideraciones en cuanto a las pautas que tenían que cumplir algunos de los poderes”, indicó.

En ese sentido, fue consultada por este medio sobre el recorte del 30% ($5.200.000 millones) que se hizo en Poder Judicial. Argerich explicó que, en ese caso, “no respeto la pauta macroeconómica para el armado del presupuesto, en lo que hacia el inciso de sueldos” y debido a esto hicieron “una reconsideración de esas partidas, en donde ese 30% demás lo pusimos en Salud, Educación y Seguridad privilegiando los gastos sociales que tiene el Gobierno”.

Sin embargo aclaró: “Cuando uno dice recorte, suena muy fuerte o como algo muy arbitrario (…) pero cuando armas un presupuesto tenés que tener una pauta macroeconómica porque los recursos son finitos y las necesidades son infinitas”.

“Por Ley de Responsabilidad Fiscal es nuestra obligación como legisladores hacer cumplir esas leyes y también darle una pauta equitativa a toda la Administración Pública independientemente del Poder en donde trabaje”, manifestó.

Esta reducción de fondos en el área generó polémica entre los miembros del Poder Judicial. Al respecto opinó: “Cada uno tiene su mirada y su posición con respecto a este tema. Yo soy muy respetuosa de su persona y de todos los ministros y ministras de la Corte pero este es el trabajo que ha uno le toca por estar en la presidencia de la Comisión”.

Por último, resaltó que no fue una decisión “unilateral” sino que se trató de una medida para “garantizar que todos los empleados y empleadas públicas tengan igualdad de condiciones”.

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