Representantes de áreas de Género de distintas provincias, organizaciones sociales, sindicatos, académicos, legisladores y colectivos de derechos humanos expresaron un “rotundo rechazo” al proyecto de ley sobre falsas denuncias que prevé ser tratado por el Senado de la Nación el próximo 6 de agosto, al considerar que representa un retroceso en el acceso a la justicia para mujeres, niñas, niños y adolescentes.
El pronunciamiento fue plasmado en un documento elaborado por referentas de las áreas de Mujeres, Género y Diversidad del país, respaldado por casi dos mil firmas, y presentado ante las comisiones del Congreso de la Nación.
Las organizaciones sostienen que la iniciativa “carece de sustento empírico”, ya que en Argentina “no existen estadísticas oficiales que acrediten un problema generalizado de falsas denuncias”. En ese sentido, advierten que destinar recursos de la política criminal a un fenómeno no demostrado constituye una decisión “arbitraria y discriminatoria”.
Además, afirman que el proyecto podría desalentar las denuncias por violencia de género y abuso contra las infancias, al generar temor a una eventual criminalización de quienes denuncian, así como de testigos y profesionales que intervienen en las investigaciones.
El documento también cuestiona que la iniciativa equipare la falta de pruebas con la falsedad de una denuncia y considere como eje del problema a quienes denuncian, en lugar de fortalecer las herramientas para mejorar las investigaciones judiciales y el acceso a la justicia.
Las entidades firmantes sostienen que el proyecto contradice los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de derechos humanos, entre ellos la Convención de Belém do Pará, la CEDAW y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obligan al Estado a brindar una protección reforzada a mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, advierten que la reforma podría incrementar la litigiosidad, sobrecargar el sistema judicial y desviar recursos que deberían destinarse a mejorar la investigación y protección de las víctimas.
Frente a este escenario, solicitaron al Senado de la Nación que rechace el proyecto S-0228/2025 y, en su lugar, impulse políticas orientadas a fortalecer el acceso a la justicia, como el patrocinio jurídico gratuito, la creación de equipos técnicos especializados, la capacitación con perspectiva de género y niñez para operadores judiciales, la reducción de los tiempos procesales y una mayor articulación institucional.
Entre las principales firmantes figuran la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz; la secretaria de la Mujer de Córdoba, Claudia Martínez; la directora provincial de Mujeres, Género y Diversidad de Catamarca, Belky Pennise Zavaley; la secretaria de la Mujer y Diversidad de La Rioja, Karen Navarro; y la presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, Igualdad de Género y Respeto a las Diversidades de Jujuy, Lourdes Navarro, además de referentes de organizaciones sociales, sindicatos, universidades y organismos de derechos humanos de todo el país.
El documento concluye con un llamado a no retroceder en materia de derechos y sostiene que “la respuesta al déficit de justicia no puede ser más desprotección para quienes tienen vulnerados sus derechos”.
