Esta semana, el Gobierno confirmó que enviará al Congreso un proyecto de ley con una nueva fórmula de movilidad para la actualización semestral de las jubilaciones y pensiones. La nueva fórmula está compuesta en un 50% por la evolución de los salarios y un 50% por la recaudación tributaria, pero no incluye a la inflación.
El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, ya anticipó el rechazo de ese espacio opositor a la nueva fórmula de actualización de los haberes previsionales. “No es venganza por las piedras de 2017”, señaló, en referencia a los incidentes cuando se votó la fórmula de movilidad durante el Gobierno de Mauricio Macri. “El ministro (Martín Guzmán) fue al Congreso y dijo que el programa era el Presupuesto, que calcula una inflación del 32%. Los economistas calculan el 50%. Y vos sacás la inflación de la fórmula. De marzo para acá han ido perdiendo $1.000 pesos por mes los jubilados”, señaló en declaraciones en el canal América.
“Nosotros vamos a defender la fórmula del 2017. Es trimestral, ajusta por inflación, y es menos pro cíclica que la nueva propuesta. La nueva fórmula propuesta por el Gobierno no protege de la inflación más cuando es muy volátil como en la Argentina”, señaló el diputado Luciano Laspina. La fórmula de movilidad aprobada durante el gobierno de Mauricio Macri fue suspendida en diciembre de 2019 y se basaba en 70% de la inflación y 30% del promedio de los salarios y se debía aplicar trimestralmente (en marzo, junio, septiembre y diciembre), aunque con un rezago de seis meses en los índices de referencia.
Los legisladores de la oposición, además, criticaron que luego de tres meses de discusión en la Comisión de Movilidad Previsional, el Poder Ejecutivo presentó “sin consenso” una nueva fórmula de movilidad previsional que, básicamente, es la misma que la fórmula que estuvo vigente desde 2008 hasta 2017.
“Por un lado, se abandona la variable de inflación, el Indice de Precios del Consumidor, de la fórmula de movilidad, lo cual no compartimos. Por definición, esta variable tiende a preservar el poder adquisitivo de los jubilados. Y al removerla se quita esa garantía”, explicó el diputado Alejandro Cacace, vicepresidente 1º de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de Diputados y miembro de la Comisión Mixta de Movilidad Previsional.
Cacace también criticó la inclusión de la recaudación como variable de movilidad. “No es necesario para asegurar la sustentabilidad del sistema. Un tema que fue largamente debatido en la Comisión Bicameral, es que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad asista al Tesoro con el pago de haberes cuando sea necesario. De hecho, se aprobó recientemente una Ley que explicita esta circunstancia, que ya estaba prevista en la normativa que regula al fondo”, agregó.
Pero, además, consideró que la recaudación es una variable procíclica, lo que implica que cuando la economía vaya bien, los haberes van a crecer, pero cuando la economía esté en recesión, los haberes van a disminuir. “De esta forma, se ajusta sobre los jubilados en el peor momento, como ha sucedido durante todo este año. Esto, además, es malo para la economía, porque profundiza los ciclos económicos”, señaló. Este jueves a las 10 volverá a reunirse la comisión bicameral.
“Es el ajuste del Presupuesto 2021 que recaerá sobre el sector. Nosotros defendemos la inclusión del IPC en la fórmula en alguna proporción. Similar a la fórmula suspendida”, coincidió el diputado Luis Pastori, de la UCR.
La nueva fórmula, según detallaron desde la Anses, contempla un 50% de la variación semestral del valor del índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) y un 50% de la recaudación tributaria. En el primer ajuste (en marzo de 2021) se toma en cuenta la variación interanual del semestre. Y en el segundo ajuste (septiembre de 2021), la recaudación total, es decir, la variación interanual de la recaudación acumulada de los últimos 12 meses. Los períodos tienen un rezago de tres meses respecto a la movilidad aplicada.
En tanto, el Gobierno defendió la fórmula propuesta: en un documento difundido este martes, destacaron que tiene “sustentabilidad jurídica” al recuperar la esencia de la fórmula de 2008 que no tuvo litigios y es “jurídicamente robusta”.
Además, señalaron que la nueva fórmula cuenta con sustentabilidad, ya que considera la evolución de los salarios, los recursos de la Anses (tributarios y totales) y la evolución de los beneficios del organismo. Y también tiene suficiencia, ya que garantiza que en momentos de crecimiento, los beneficiarios se vean favorecidos ante el aumento de los salarios y la recaudación por sobre la inflación.