El abogado Diego Quinteros Martínez brindó su opinión profesional sobre las declaraciones del fiscal Hugo Costilla. En ese sentido, dijo que “lanzó afirmaciones que, en cualquier democracia moderna, habrían encendido todas las alarmas institucionales. Sin embargo, en Catamarca, la respuesta fue el silencio”.
“Hay un interés que pretende que yo no continúe, ni en la causa ni en la función en sí”, dijo Costilla. “Lo percibo y me parece que sí sé de dónde vienen los ataques.” Declaraciones que podrían entenderse como una denuncia pública de presiones o amenazas contra un funcionario judicial. Pero ni la Procuración General, ni la Corte, ni el Ministerio Público Fiscal se pronunciaron al respecto.
¿Defensa anticipada o advertencia velada?
El contexto no es menor. Costilla enfrenta tres procesos de Jury de Enjuiciamiento. Durante la entrevista, detalló fechas, resoluciones pendientes y expedientes en trámite, llevando a muchos a preguntarse si su aparición pública no fue más que una estrategia para anticiparse a esos procesos o influir en su desarrollo.
Para algunos, Costilla buscó enviar un mensaje claro a quienes —según él— lo presionan. Para otros, se trató simplemente de una jugada mediática para reposicionarse frente a la opinión pública.
La pregunta clave: ¿por qué no denunció?
El abogado penalista Diego Quinteros Martínez fue categórico: “Cuando un fiscal afirma públicamente que es víctima de presiones, está obligado por ley a denunciar. Si no lo hace, puede incurrir en responsabilidad.” Además, citó los artículos 149 bis y 248 del Código Penal, que penalizan tanto las amenazas como la omisión de deberes de funcionario público.
“Si lo que dice es verdad y no lo denuncia, está encubriendo un delito. Y si no es verdad, está manipulando su relato. Ambas situaciones son graves”, agregó Quinteros Martínez.
Una oportunidad institucional desaprovechada
En un sistema judicial sólido, las palabras de Costilla deberían haber generado algún tipo de respuesta: una investigación, un comunicado oficial, un pedido de explicaciones. Pero hasta el momento, la inacción es total. Y eso también dice mucho.
¿Qué quiso decir realmente el fiscal?
¿Costilla trató de marcar territorio? ¿Quiso advertir a sus adversarios que no está solo ni es ingenuo? ¿O buscó victimizarse para blindarse frente a los procesos que enfrenta?
Sea cual sea la respuesta, lo que dijo no puede pasar desapercibido. Si está siendo atacado por razones extrajudiciales, merece respaldo. Si está utilizando su cargo para defenderse públicamente sin sustento legal, debe ser investigado. Y si solo quiso mandar un mensaje, alguien debería recordarle que los fiscales hablan con actos, no con micrófonos.
Porque, al final, el silencio de las instituciones a veces grita más que las palabras.