El Gobierno niega pedidos de asilo de bolsonaristas

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, negó la existencia de solicitudes de asilo de brasileños vinculados al intento de golpe de Estado de diciembre de 2023 en Brasilia.

“Todavía no tenemos ninguna información de ese tipo. No tenemos confirmado nada, lo único que tenemos confirmado es que entran brasileños todos los días”, declaró la ministra.

Bullrich también destacó que, para que Brasil pueda solicitar la extradición de individuos, debe existir “un pedido oficial que debe pasar por Interpol”.

En relación con las informaciones sobre el ingreso de 65 personas a la Argentina, presuntamente vinculadas al intento de golpe de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro en Brasilia, la ministra señaló, en declaraciones radiales, que “por el momento se mantiene en el nivel de propaganda, pero no es un hecho jurídico”.

Recientemente, trascendió que la Policía Federal de Brasil estaba investigando el ingreso masivo a la Argentina de personas con antecedentes por ese episodio, en el que militantes atacaron edificios públicos en protesta por el retorno a la presidencia de Luiz Inácio “Lula” da Silva.

Medios brasileños informaron que las sospechas apuntan a que al menos ocho de los prófugos podrían solicitar asilo en la Argentina.

Bullrich advirtió que “aún no hay ningún pedido de extradición y para que lo haya tiene que haber un proceso o una condena”, aunque admitió que “hay tratados con Brasil” sobre estos aspectos legales.

Días atrás, durante una conferencia en la Cámara de Diputados, el diputado federal brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, solicitó en Argentina asilo político para un grupo de compatriotas.

El pedido se realizó durante una conferencia en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso argentino, organizada por la diputada María Celeste Ponce, de La Libertad Avanza (LLA).

“Es lamentable que estas personas en Brasil estén recibiendo condenas de 14 a 17 años por los hechos del 8 de enero de 2023”, cuestionó Eduardo Bolsonaro.

Según su versión, en su país hoy hay una “persecución judicial” contra “personas que estaban protestando a kilómetros” del lugar del intento de golpe contra “Lula” da Silva.

“Soy abogado y policía federal antes que diputado; si estoy en la calle y asesinan a alguien, no voy 17 años a prisión por nada”, manifestó durante la conferencia.

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