La provincia de Santa Fe volvió a quedar en estado de alerta por nuevas amenazas de posibles tiroteos escolares, luego de que comenzaran a circular en redes sociales y grupos de WhatsApp mensajes que advertían sobre presuntos ataques armados en establecimientos educativos de Rafaela. Ante la gravedad del contenido, la directora de la escuela “Malvinas Argentinas” se presentó este domingo en una comisaría para radicar una denuncia penal y pedir la inmediata intervención judicial.
De acuerdo con la información publicada en las últimas horas, la denuncia fue realizada por la titular de esa institución educativa, una de las mencionadas en los posteos que comenzaron a viralizarse. A partir de esa presentación, tomó intervención la fiscal Lorena Korakis, de la Fiscalía Regional N° 5, quien ordenó activar los protocolos previstos para este tipo de amenazas y avanzar con medidas para identificar el origen de los mensajes.
El caso se produce en un contexto especialmente sensible para la provincia, ya que apenas días atrás Santa Fe quedó conmocionada por el tiroteo ocurrido en la Escuela Normal Superior N° 40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal, donde un adolescente de 15 años abrió fuego, asesinó a un compañero de 13 años e hirió a otros estudiantes durante el acto de izamiento de la bandera. Ese episodio, que todavía es investigado por la Justicia, profundizó la preocupación en toda la comunidad educativa santafesina.
Según trascendió, las amenazas recientes apuntaban especialmente a escuelas técnicas y biotécnicas de Rafaela, lo que generó alarma entre directivos, docentes y familias. La rápida circulación de los mensajes obligó a reforzar la vigilancia y a coordinar acciones preventivas mientras se intenta establecer si se trató de una intimidación aislada, una falsa alarma o una amenaza con algún grado real de planificación.
En paralelo, las autoridades judiciales y de seguridad buscan evitar que el temor se expanda en una provincia todavía golpeada por el reciente ataque de San Cristóbal. La activación del protocolo de emergencia apunta no solo a rastrear a los responsables de los posteos, sino también a garantizar resguardo institucional y acompañamiento a las escuelas involucradas, en medio de un clima de extrema sensibilidad social.
