El Gobierno denunció al secretario general del sindicato de pilotos por “extorsión y amenazas”

El ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal contra Pablo Biró por sus declaraciones sobre el conflicto entre Aerolíneas Argentinas y el Gobierno.

El Gobierno Nacional presentó este miércoles una denuncia penal contra Pablo Biró, secretario general de la Asociación de Pilotos de Lineas Aéreas (APLA), por la presunta comisión de delitos de extorsión y amenazas.

Así lo anunció el ministerio de Seguridad a través de un comunicado difundido en redes sociales, donde señaló que la decisión es “a raiz de las recientes declaraciones de Biró en medios de comunicación, en las cuales advirtió sobre su intención de perjudicar el transporte aéreo”.

El titular de APLA, Pablo Biró, habló sobre el conflicto que hay entre el Gobierno y los trabajadores de Aerolíneas Argentinas y aseguró que “no tiene dudas” de que “va a empeorar”.

En una entrevista para la radio 750, dijo que esto se debe a que “cada cosa que hace el Gobierno la hace con ilegalidad e ilegitimidad”, principalmente en referencia al decreto de Javier Milei que declara como servicio esencial al transporte aéreo.

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— Ministerio de Seguridad (@MinSeguridad_Ar) September 18, 2024

La denuncia del ministerio de Seguridad contra Pablo Biró

Al respecto, desde el ministerio de Seguridad consideraron que “dichas afirmaciones generan serias preocupaciones sobre el impacto que podrían tener en la operación de Aerolineas Argentinas y en la seguridad de los pasajeros”, ya que “las manifestaciones de Biró podrian ir más allá del ejercicio legitimo del derecho a huelga, pudiendo configurarse como amenazas extorsivas según lo estipulado en el artículo 149 bis del Código Penal”.

“Es fundamental que el derecho a huelga se ejerza de manera razonable y proporcional, especialmente en el contexto de servicios esenciales como el transporte aéreo, donde cualquier interrupción abrupta podría tener consecuencias significativas para la población y la seguridad pública”, agregaron.

Desde el Gobierno señalaron que “con esta denuncia, se busca preservar la estabilidad de un servicio crítico y proteger los derechos de los ciudadanos. Cualquier medida que afecte a servicios públicos esenciales, sin agotar vias de diálogo previas, podria considerarse una “huelga salvaje”, quedando fuera del amparo constitucional”.

“Reafirmamos nuestro compromiso con el cumplimiento de las leyes y la seguridad pública, instando a la Justicia a tomar las acciones correspondientes ante la gravedad de las amenazas vertidas por Pablo Biró”, finaliza el comunicado de Seguridad.

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