El Gobierno creó una mesa de coordinación especial para reforzar la seguridad en torno a los proyectos incluidos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de prevenir amenazas vinculadas al narcotráfico y la criminalidad organizada.
La decisión fue oficializada este miércoles a través de la Resolución 461/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada en el Boletín Oficial. La norma establece la creación de la “Mesa de Coordinación para la Seguridad de Inversiones Estratégicas en el marco del RIGI”, un ámbito de articulación federal que reunirá a organismos nacionales, provincias y actores privados vinculados a grandes proyectos de inversión.
En los considerandos de la resolución, el Gobierno sostuvo que el volumen y la magnitud de las inversiones promovidas por el RIGI “pueden constituirse en objetivos de interés para organizaciones criminales de carácter transnacional” y advirtió sobre riesgos asociados al lavado de activos, la corrupción, la extorsión y la infiltración de economías ilícitas en actividades legales.
Según precisó la cartera de Seguridad, hacia fines de 2025 el régimen contaba con cerca de una decena de proyectos aprobados por más de u$s13.000 millones y con más de veinte iniciativas adicionales en distintas etapas de evaluación. Las inversiones se concentran principalmente en provincias como San Juan, Catamarca, Salta, Mendoza, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires.
La resolución señala que la dispersión territorial y el carácter estratégico de esas inversiones requieren “mecanismos específicos de coordinación interinstitucional y prevención temprana” para resguardar infraestructura crítica y garantizar la continuidad de los proyectos.
La nueva mesa estará integrada por la Secretaría de Seguridad Nacional, la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, la Unidad Antimafia, el Centro Regional de Información para la Lucha contra las Drogas y las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales. También podrán participar autoridades provinciales, la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Economía, la SEDRONAR y otros organismos con competencia en la materia.
Entre las funciones previstas, el espacio tendrá a su cargo la elaboración de diagnósticos integrales de riesgo, la coordinación de acciones preventivas y el análisis de amenazas criminales emergentes vinculadas a inversiones estratégicas.
Además, el Gobierno promoverá la cooperación voluntaria con empresas titulares de proyectos RIGI, cámaras empresarias, concesionarios de infraestructura y operadores logísticos para implementar “protocolos sectoriales de prevención”, capacitaciones y mecanismos de reporte de riesgos.
La resolución aclara que la medida “no implica erogación presupuestaria alguna” y entrará en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial.
