Alberto Fernández tendrá que tomar, en horas, una decisión de hombre de Estado que marcará el resto de su gestión: como rearmar las negociaciones con los acreedores de deuda argentina emitida bajo legislación internacional. Y, paso siguiente, cerrar un acuerdo por u$s 66.800 millones para que el país no caiga en default; y, en consecuencia, la recesión se vuelva crónica.
A números de ayer, sólo u$s2.100 millones separan al país de un acuerdo (los bonistas exigen u$s2.700 millones durante el gobierno de Alberto Fernández y se ofrecen u$s1.700 millones), con lo que esta última elección sería casi imperdonable.
Para esto deberá optar por tres opciones. A) aceptar, aunque sea en parte, las exigencias de los bonistas más duros; demoliendo definitivamente las “recomendaciones” del Fondo Monetario Internacional. B) Aplicar la “cláusula de reasignación” y comenzar a preparar a los abogados que representan al país para una nueva y dura batalla internacional con los acreedores que no acepten la oferta argentina. C) Aceptar jugar la última bala internacional para intentar llegar al “corazón” de BlackRock: la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos al mando de Steven Mnuchin (léase Donald Trump); lo cual, obviamente, no será gratuito para la política internacional.
Alberto Fernández tomará en las próximas horas la decisión, previa consulta con su compañera de fórmula Cristina Fernández de Kirchner. Será la segunda vez que ambos discutan un cambio de estrategia en la manera de relacionarse con los acreedores extranjeros. La primera había sido el 6 de mayo, en las vísperas del fracaso ante la Security and Exchange Commission (SEC) de la primera oferta de Martín Guzmán que logró sólo el 18,6% de adhesión.
