Una grave denuncia por abuso sexual y secuestro sacude al gremio UPCN en Catamarca y ya es investigada por la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, a cargo de la fiscal Alejandra Torino. La presentación fue realizada por una exempleada del sindicato contra un trabajador administrativo de la institución.
Según detalló el abogado querellante Sebastián Ibáñez en diálogo con Catamarca es Noticia, “son hechos muy graves”, que se habrían producido durante el año pasado y se habrían extendido hasta enero o principios de febrero de este año.
De acuerdo a la denuncia, los episodios ocurrieron tanto en la sede del sindicato, ubicada en calle Rioja, como en el domicilio particular del acusado. Entre los hechos más graves, se investiga un presunto secuestro con fines sexuales: la víctima habría sido trasladada contra su voluntad en el vehículo del denunciado, con las manos atadas, hasta el departamento del sujeto.
A partir de la denuncia, la Fiscalía dispuso medidas urgentes, como la prohibición de contacto del acusado con la víctima y su entorno familiar, incluyendo a sus hijos. También se realizaron inspecciones judiciales en los lugares señalados.
En esta etapa, la querella solicitó nuevas medidas probatorias, entre ellas inspecciones con participación de la víctima y pericias psicológicas tanto para la denunciante como para el acusado. Estas acciones apuntan a avanzar hacia una imputación formal y la citación a indagatoria.
Apuntan contra la conducción: “Habría un conocimiento previo y no se habría hecho nada”
Uno de los puntos más sensibles del caso es la posible responsabilidad indirecta dentro del gremio. El abogado de la víctima aseguró que existen indicios de que la secretaria general del sindicato podría haber tenido conocimiento previo sobre conductas inapropiadas del acusado.
“Nos llegó información de que este sujeto ya había acosado a otras empleadas, que incluso se tuvieron que ir del sindicato”, sostuvo el letrado, aunque aclaró que se trata de datos que aún deben ser corroborados en la investigación.
En ese sentido, fue más allá y planteó una hipótesis que ahora también es analizada en la causa: “Habría un conocimiento previo de este comportamiento acosador y no se habría hecho nada. Inclusive, se lo habría mandado a hacer una especie de tratamiento psicológico, sabiendo que esto podía traer problemas”.
El abogado habló incluso de un posible “apañamiento”, aunque remarcó que esto deberá ser determinado por la Justicia. “No lo podemos afirmar, pero es materia de investigación si hubo una especie de encubrimiento o permisividad frente a una conducta reiterada”, indicó.
Además, explicó que este tipo de situaciones suelen escalar cuando no se ponen límites: “Son personas con conductas perversas que, cuando no encuentran freno, avanzan hacia hechos cada vez más graves. Por eso llegamos a una situación como esta”.
La secretaria general también fue denunciada por la víctima en el marco de esta causa, en relación a un supuesto conocimiento de los hechos y otras irregularidades que se investigan de manera paralela.
Otra causa en paralelo por presunta malversación
En simultáneo, se tramita otra investigación en la Fiscalía Penal N°3, a cargo del fiscal Darío Palacio, por una presunta malversación de fondos dentro del gremio.
La denuncia fue realizada por una exsecretaria de Finanzas, quien afirmó que se le habría ordenado recibir dinero en efectivo correspondiente a aportes sindicales de municipios y entregarlo directamente a la conducción, sin que estos fondos fueran depositados en cuentas oficiales.
Según su testimonio, también habría sido presionada para firmar más de 40 pagarés en blanco bajo amenazas de perder su empleo, e incluso se le habría advertido sobre supuestos contactos en el ámbito gubernamental para concretar su despido.
La denunciante aseguró que fue obligada a renunciar cuando manifestó su intención de hacer pública la situación. Por su parte, la secretaria general negó las acusaciones y presentó una denuncia cruzada, por lo que la causa continúa en etapa investigativa.
