El Ministerio de Salud de la provincia vuelve a estar bajo la lupa judicial. Esta semana, el fiscal de Instrucción N°4, Ricardo Córdoba Andreatta, imputó a tres personas en el marco de una causa que investiga presuntas negociaciones incompatibles con la función pública.
La investigación se originó en febrero pasado, a raíz de una denuncia presentada por el legislador provincial Tiago Puente, quien aportó documentación que encendió las alarmas sobre maniobras irregulares en la administración pública. A partir de allí, la fiscalía inició una serie de diligencias que incluyeron allanamientos, secuestros de documentación en organismos estatales, declaraciones testimoniales y análisis de datos administrativos.
Con el avance de la pesquisa, el fiscal resolvió imputar a Ana Gabriela Rizo por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en carácter de continuado. También fueron alcanzados por la acusación Caleb Carlos Elías Camji y Miryam Iris del Valle Carrizo, sindicados como partícipes primarios en los hechos investigados.
De acuerdo a fuentes judiciales, la maniobra habría consistido en un circuito diseñado para favorecer a una empresa vinculada a Carrizo, con intervención directa de Rizo y Camji, ambos funcionarios del área de Salud.
Los tres imputados fueron citados a indagatoria, aunque se abstuvieron de declarar. Mientras tanto, el fiscal Córdoba Andreatta continúa reuniendo pruebas, en el marco de un proceso que promete seguir desarrollándose en las próximas semanas.