A pocos días del comienzo de las audiencias públicas donde se definirá la implementación de aumentos en las tarifas de gas y electricidad, desde el Gobierno apuestan a dejar atrás las internas y poder avanzar con los cambios, especialmente con la segmentación de los subsidios según niveles de ingreso.
A pesar de que la metodología de segmentación —a través de la cual se quitarán subsidios al 10% de los usuarios de más poder adquisitivo— tuvo críticas internas y aparece como de compleja implementación, fuentes oficiales aseguran que es “aplicable” en la práctica y que se comenzará a usar a partir de junio, aunque los ajustes pueden demorar algunos meses.
En las audiencias se presentará una propuesta elaborada por la Secretaría de Planeamiento Energético, que encabeza Santiago López Osornio, y que al esquema de segmentación por zonas geográficas presentado por el ENRE sumó criterios relacionados con la capacidad de pago de los usuarios.
Una de las críticas es que al utilizar datos como los ingresos de cada titular, el Gobierno estaría incumpliendo con normas como el secreto fiscal o bancario. Sin embargo, las fuentes señalaron que se utilizará información que no afecta esas normas y que provienen del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys), que se nutre de información de Anses.