Finalizada la audiencia en el marco del caso que tiene como imputado a Javier Galán, la abogada querellante Silvia Barrientos realizó un balance de la jornada y cuestionó varios de los planteos formulados por la defensa.
Uno de los puntos que marcó fue el pedido para que se secuestre el teléfono celular de una de las víctimas. Barrientos sostuvo que ese planteo habría surgido a partir de una confusión entre expedientes, ya que en otra causa se incorporaron más de 40 fojas con conversaciones de WhatsApp que sí debían ser verificadas mediante pericias.
“¿Por qué pide el secuestro del teléfono cuando nosotros no hemos presentado jamás chats?”, cuestionó la letrada, al explicar que en el expediente que representa no existen conversaciones de ese tipo que deban ser corroboradas.
En ese sentido, Barrientos también rechazó el pedido de incorporar historias clínicas psiquiátricas y psicológicas de la víctima. Consideró que avanzar sobre esa documentación, sin una justificación procesal adecuada, implicaría afectar su derecho a la intimidad.
La abogada hizo referencia además a los antecedentes de la víctima y a un proceso judicial anterior de amplia repercusión pública. En ese marco, sostuvo que volver sobre esos antecedentes y solicitar documentación médica relacionada con su salud mental resulta “dañino” y puede constituir una vulneración de garantías constitucionales.
“Las pericias dicen absolutamente lo contrario”
Otro de los planteos de la defensa estuvo relacionado con una nueva pericia realizada por el CIF. Según explicó Barrientos, la defensa sostuvo que el resultado no determinaría con exactitud el origen del daño psicológico y que, debido a la existencia de antecedentes, podría haber afectaciones previas.
La querellante rechazó esa interpretación y aseguró que las pericias oficiales, incluida una pericia de parte, sostienen una conclusión diferente.
“Las pericias dicen absolutamente lo contrario y no dejan lugar a duda de que la revictimización o los daños son producidos por estos hechos denunciados”, afirmó.
Barrientos también advirtió que, si eventualmente se pretendiera incorporar documentación médica que considere impertinente o violatoria de garantías constitucionales, la querella ejercerá su derecho a oponerse.
En ese punto, mencionó la denominada teoría del fruto del árbol envenenado, según la cual una prueba obtenida mediante la vulneración de garantías puede afectar la validez de otras pruebas que dependan de ella.
Tres víctimas y cuestionamientos por las demoras
La abogada confirmó además que representa a tres víctimas y sostuvo que las denuncias continúan firmes dentro de la investigación.
En particular, hizo referencia a una de las causas en las que ya se solicitó el desafuero de un diputado y cuestionó las apelaciones presentadas contra esa medida.
“Son actos dilatorios que obviamente atentan contra un proceso dentro del ámbito de la legalidad”, afirmó Barrientos.
La letrada también diferenció la situación de las víctimas que representa de la de otra denunciante mencionada durante la audiencia, quien, según se planteó, no se habría presentado a determinadas pericias psicológicas. “No son las víctimas que yo represento”, aclaró.
El veredicto se conocerá el 1 de septiembre
Finalmente, Barrientos confirmó que, luego de la audiencia de este viernes, la resolución está prevista para el 1 de septiembre.
La abogada volvió a cuestionar el tiempo que lleva el proceso y anticipó que, si la resolución resulta adversa a los intereses de su parte, podrían producirse nuevas apelaciones.
“Dilación, dilación, dilación”, resumió Barrientos, al advertir que el trámite podría extenderse aún más si las decisiones judiciales son recurridas ante instancias superiores.
La querellante incluso cuestionó la contradicción que, según señaló, existe entre los planteos de la defensa en distintos expedientes respecto de los plazos procesales: “Él mismo se reclama en otro expediente que se pasaron los 60 días y él está llevando meses, va a ir al año y seguramente el año que viene nos tendrá apelando”.
La causa continúa así a la espera de la resolución prevista para el 1 de septiembre, mientras las partes mantienen sus posiciones respecto de la prueba, los pedidos formulados por la defensa y el avance de la investigación.
