El diputado nacional Guillermo Michel presentó un proyecto de ley destinado a fortalecer los mecanismos de control y transparencia sobre las exportaciones de litio, minerales críticos y tierras raras, recursos que considera estratégicos para el desarrollo económico del país. La iniciativa propone modificar el Código Aduanero para habilitar al Poder Ejecutivo a fijar precios índices FOB, valores fijos o mínimos para aquellas mercaderías que no cuenten con una cotización internacional transparente.
Según explicó el legislador, el objetivo es evitar maniobras de subvaluación que reduzcan la carga tributaria de las empresas exportadoras y perjudiquen los ingresos fiscales y el ingreso de divisas al país. “No solo debemos defender el territorio argentino sino también nuestros recursos naturales. Es necesario que las exportaciones de bienes como el litio u otros minerales o tierras raras paguen impuestos en Argentina a valores razonables”, sostuvo Michel.
La iniciativa faculta además al Estado a crear un registro obligatorio de los contratos vinculados con estas exportaciones, donde deberán constar las modalidades de venta, los criterios de fijación de precios, cláusulas de ajuste y otros elementos que permitan verificar el valor real de las operaciones. También contempla un mecanismo de “Determinación Conjunta de Precios”, mediante el cual las empresas exportadoras podrán acordar previamente con la administración pública los criterios aplicables para fijar los valores de exportación.
¿De dónde surge esta iniciativa? Del antecedente catamarqueño, con avivadas que le permitieron subfacturar millones y millones a Livent.
Para quienes no lo recuerdan, Michel estuvo al frente de la Dirección General de Aduanas y fue quien impulsó investigaciones por subfacturación en exportaciones de litio, mientras las autoridades locales ni se enteraban o se enteraban y hacían la vista gorda.
Y no fueron rumores.
En junio de 2023, la minera Livent reconoció y abonó a la AFIP un pago de aproximadamente 5.300 millones de pesos en concepto de multas. Este monto correspondía a una infracción por subfacturación en más de 400 operaciones de exportación de carbonato de litio realizadas entre 2018 y 2019.
Fue la Dirección General de Aduanas (DGA) que dirigía el ahora diputado la que detectó diferencias en los valores declarados y exigió inicialmente cerca de 8 millones de dólares por impuestos aduaneros omitidos, aplicando una multa sancionatoria.
Buen proyecto para que el robo no se repita.
