El secretario general del SIDCa, Sergio Guillamondegui, volvió a cuestionar las presuntas irregularidades detectadas en el Instituto de Educación Superior (IES) Clara J. Armstrong y reclamó que la investigación judicial avance tanto sobre quienes habrían vendido los títulos como sobre quienes los adquirieron.
Guillamondegui sostuvo que la situación reviste una gravedad mayor a la inicialmente conocida y advirtió sobre el impacto que podría tener en el sistema educativo. Según planteó, entre los casos detectados habría personas que actualmente se desempeñan como docentes y otras que todavía eran estudiantes de determinadas carreras cuando habrían obtenido títulos correspondientes a otras especialidades.
“¿Con qué ética vas a ir a enseñar a tus alumnos después de que empezaste comprando un título?”, cuestionó el dirigente sindical.
En este sentido, reclamó que también se adopten medidas en el ámbito educativo y pidió explicaciones al Ministerio de Educación sobre la situación de quienes habrían obtenido documentación irregular. “Hay profesores que compraron títulos de maestra jardinera, de tecnología, de geografía”, señaló.
El titular del SIDCa también cuestionó el avance de la investigación penal y consideró que existen elementos que deberían ser incorporados a la causa. Mencionó la necesidad de realizar allanamientos, secuestrar dispositivos, tomar testimoniales a trabajadores del IES y profundizar la investigación sobre el funcionamiento del registro de títulos.
“Acá hay para imputar. Tenés tres elementos objetivos que ya tienen que estar imputando”, afirmó Guillamondegui, quien sostuvo que debe determinarse quiénes participaron de la maniobra y cómo se concretaban las operaciones.
Además, planteó que la investigación no debería limitarse al IES Clara J. Armstrong y aseguró que el gremio recibe mensajes que alertan sobre posibles situaciones similares en otros institutos de educación superior de la provincia.
La preocupación, sostuvo, pasa también por determinar desde cuándo se habrían producido las irregularidades, cuántas personas estarían involucradas y qué alcance tuvieron los títulos presuntamente apócrifos.
Guillamondegui pidió que se investigue también la eventual validez nacional de la documentación y que, de corresponder, se adopten medidas para evitar que títulos cuestionados puedan ser utilizados en otras jurisdicciones.
“Queremos ir viendo toda esta situación y ahí ver cómo siguen los mecanismos de control del Estado”, manifestó.
El dirigente sindical insistió finalmente en la necesidad de que la causa avance hasta determinar todas las responsabilidades y evitar que el expediente quede archivado sin esclarecer el origen y el alcance de las presuntas maniobras. La situación del IES Clara J. Armstrong ya había derivado en la detección inicial de 35 títulos irregulares y en el pedido del SIDCa para constituirse como querellante, mientras Guillamondegui había advertido que los casos podrían superar el centenar.
