La defensa de Paulo Ibáñez confirmó que no recurrirá ante la Corte de Justicia la resolución de la Cámara de Apelaciones que anuló el pronunciamiento mediante el cual había sido sobreseído en una causa vinculada al Registro de la Propiedad Inmobiliaria.
La Cámara resolvió anular la decisión del Juzgado de Control de Garantías N°1, a cargo del juez Santiago Mar Francioni, al considerar que no se encontraba debidamente fundamentada. La resolución había dispuesto el sobreseimiento de Ibáñez y, en el mismo acto, el envío a juicio de las otras dos imputadas, Andrea Pacheco y Norma del Valle Bravo.
Según explicó el abogado defensor, la Cámara no determinó que el sobreseimiento de Ibáñez fuera incorrecto en cuanto al fondo de la acusación, sino que cuestionó la fundamentación de la resolución y ordenó al Juzgado de Control de Garantías que vuelva a pronunciarse de manera debidamente fundada sobre ambas situaciones.
La causa investiga la presunta omisión de inscripción de dos inmuebles adquiridos por Elena Barbarbaiani, con el supuesto objetivo de sustraerlos de embargos y ejecuciones de acreedores.
Pacheco y Bravo reconocieron haber realizado la maniobra investigada, aunque señalaron que lo hicieron por una supuesta orden de su entonces superior, Paulo Ibáñez, quien se desempeñaba como jefe del área de Folio Real del Registro de la Propiedad Inmobiliaria.
La defensa sostiene que no existen pruebas contra Ibáñez
El abogado de Ibáñez aseguró que durante la investigación no se logró acreditar que su defendido haya impartido la supuesta orden.
Entre los elementos mencionados por la defensa se encuentra la situación particular de Ibáñez durante la pandemia, período en el que se encontraba bajo un esquema de aislamiento debido a una enfermedad que le impedía concurrir al organismo.
También señaló que los teléfonos celulares de Ibáñez fueron secuestrados durante la investigación y que, según la defensa, no surgieron comunicaciones que permitieran demostrar que hubiera dado la orden de manera remota.
A esto se suman, según el abogado, contradicciones entre los testimonios de las personas que declararon en su contra.
Uno de los testimonios cuestionados corresponde a una mujer que aseguró haber escuchado a Ibáñez impartir la orden. La defensa sostiene que esa persona no se encontraba en el lugar al momento en que supuestamente ocurrieron los hechos, ya que se encontraba de licencia, circunstancia que —afirma— estaría acreditada en el expediente.
La defensa no apelará y apunta a evitar nuevas demoras
Los fundamentos completos de la resolución de la Cámara serán conocidos el 21 de agosto. A partir de entonces, la defensa podría recurrir mediante un recurso de casación ante la Corte de Justicia.
Sin embargo, el abogado adelantó que no utilizará esa vía y que renunciará a los plazos de impugnación para que el expediente regrese rápidamente al Juzgado de Control de Garantías N°1.
La decisión responde, según explicó, a la intención de evitar nuevas demoras en una causa que lleva varios años y que tiene consecuencias directas para Ibáñez.
En ese sentido, la defensa cuestionó el rol de Fiscalía de Estado y sostuvo que su intervención estaría vinculada también con las consecuencias que podría tener el resultado de la causa penal sobre el proceso contencioso administrativo iniciado por Ibáñez contra el Estado provincial.
Podrían pedir el juicio oral
Ante la posibilidad de que el expediente vuelva a demorarse, la defensa de Paulo Ibáñez analiza solicitar directamente la realización del juicio oral.
El abogado sostuvo que su defendido está dispuesto a enfrentar el debate porque considera que allí podrán quedar expuestas las contradicciones de los testimonios y la falta de elementos que permitan demostrar que impartió la orden investigada.
“Si esto se sigue demorando, vamos al juicio ya”, es la postura que, según su abogado, mantiene Ibáñez.
El exfuncionario fue exonerado de su cargo y lleva varios años fuera de la administración pública. Paralelamente, inició un juicio contencioso administrativo contra el Estado provincial, que debe ser resuelto por la Corte de Justicia.
La defensa sostiene que una eventual confirmación de su inocencia podría tener impacto en ese proceso y derivar en la revisión de la exoneración, además del reclamo por los salarios caídos.
Por ahora, la estrategia será esperar los fundamentos de la Cámara, permitir que el expediente regrese al juzgado y buscar una nueva resolución. Si el trámite vuelve a extenderse, la defensa anticipó que podría pedir que Paulo Ibáñez sea llevado a juicio oral para obtener una definición definitiva sobre su situación.
