El diputado provincial del bloque La Libertad Avanza, Francisco Monti, salió al cruce del aporte millonario realizado por el Ejecutivo provincial a la Administración General de Asuntos Previsionales (AGAP), al advertir que el Gobierno intenta justificar la crisis del sistema previsional sin explicar el verdadero origen del problema.
Según expresó Monti, el Ejecutivo sostiene que los aportes de los trabajadores no alcanzan para garantizar el régimen del 82% móvil, y que por ese motivo se ve obligado a recurrir a otras cajas para cubrir los pagos. Sin embargo, el legislador afirmó que el Gobierno omite informar la enorme cantidad de recursos que el propio Estado dejó de aportar al sistema previsional durante años.
“Hay una gran masa de trabajadores del Estado que figuran como becados, pero en la práctica son trabajadores en negro: no tienen aportes jubilatorios, no hacen contribuciones a la seguridad social ni cuentan con obra social. Esa es plata que el Estado se ahorra y que debería estar destinada a garantizar el sistema previsional”, señaló.
En la misma línea, Monti explicó que incluso entre los trabajadores formalizados existen sumas no remunerativas que no se computan para las jubilaciones futuras, además de contratados del Estado que tampoco realizan aportes ni contribuciones. “El Estado pisa gastos que debería afrontar y luego dice que el 82% móvil es un gasto insostenible, cuando en realidad se ahorró durante años esos aportes”, remarcó.
El diputado también cuestionó el manejo histórico de la AGAP, al sostener que durante mucho tiempo funcionó “como una financiera”, otorgando préstamos a tasas negativas que no garantizaban el recupero de los fondos. “La plata que administra la AGAP es plata del futuro de los jubilados. Se hicieron negocios ruinosos que hoy explican la situación crítica del sistema”, afirmó.
Monti recordó que el régimen del 82% móvil en Catamarca se estableció por decreto ley en 2011 y que posteriormente se modificaron de manera unilateral los porcentajes de aportes. “Hubo cambios que fueron absolutamente ilegales. Acá hay un contrato implícito: el trabajador aporta para tener una jubilación digna, y en el medio le cambiaron las reglas”, cuestionó.
Finalmente, reclamó una discusión de fondo sobre la sustentabilidad del sistema previsional y pidió transparencia al Gobierno provincial. “Hay que decir cuánta plata aportaron realmente los trabajadores y cuánta fue retirada o dejada de aportar por el propio Estado. Si no, el aporte millonario a la AGAP es solo un parche y no una solución estructural”, concluyó.
