Abundan por estos días en los medios de comunicación noticias sobre excesos, abusos, inconductas y hasta corrupción de agentes de la Policía de la Provincia. Crónicas que desnudan la cultura organizacional de las fuerzas de seguridad, regida por una estructura anacrónica y viciada. Y que, a la vez, explican cómo y por qué esa idiosincrasia se perpetúa y reitera en hechos que dejan a la sociedad desamparada y daminifcada.
En la sección de “Policiales y Judiciales”, donde se esperaría encontrar crónicas en las que los policías protagonizan las noticias encarnado el papel de “los buenos en la lucha contra los malos”, con preocupante frecuencia estos agentes de la ley son retratados en situaciones totalmente opuestas. Las noticias sobre hechos de vejaciones, abusos, apremios, autoritarismo, violencia machista, corrupción, narcotráfico, entre otras conductas, abundan. Y dejan expuesto al cuerpo policial.
Hay entre todo ese cúmulo de hechos indignantes y bochornosos algunos más recientes, como la detención abusiva e insólita de dos mujeres por baldear la vereda de un comercio, y otros de vieja data, como el homicidio de Diego Pachao, cuya causa ya fue elevada a juicio esta semana, nueve años despues. De todos los tiempos, de todos los colores y de variada gravedad.
La ya conocida naturaleza policial, siempre predispuesta a la prepotencia y de escasa sensatez se exacerbó durante la pandemia. La delegación de extra poderes conferidos a las fuerzas de seguridad para que aseguren el cumplimiento de las restricciones cuasi anticonstitucionales llamaron a muchos agentes (claro que no son todos iguales) a su juego favorito. La discrecionalidad para aplicar el poder coercitivo que se les confirió resultó en una multiplicación de hechos de excesos y brutalidad policial.
Solo como ejemplo, se pueden citar los casos que investiga la justicia por apremios y brutalidad policial en Tinogasta por supuestos incumplimientos de las restricciones. En uno de ellos, un joven resultó con una pierna rota en varias partes por el atropellamiento de un móvil policial. En el otro, el protagonismo lo tuvieron las balas de goma y los bastones. Como también ocurrió en Fray Mamerto Esquiú, donde tres jóvenes fueron gravemente heridos por los disparos policiales, que, además de causarles daños físicos, se dieron el gusto de romper la motocicleta en la que las víctimas se trasladaban.
Las causas por “apremios”, “vejaciones”, “daños”, “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, “abusos de autoridad” se cuentan por decenas en las fiscalías de la justicia provincial, y solo algunas, luego de muchísimo tiempo, llegan a una instancia de juicio. Otras, duermen en los archivos del Ministerio Público. Y muchos casos corren la misma suerte en los ficheros de las investigaciones internas que se suelen prometer para contentar a las víctimas que reclaman justicia.
También está entre esas mismas noticias de la sección Policiales una posible explicación de cómo esa naturaleza violenta y atropellada se perpetúa en la institución y del porqué los hechos torcidos y corruptos se reproducen con ese preocupante ritmo. Una probable razón del porqué de ese círculo vicioso y retroalimentado que produce y mantiene dichas prácticas.
Se instruye en la justicia provincial una causa que tiene a cuatro policías imputados por el delito de “lesiones graves calificadas”. Es por el exceso de trabajo físico a los aspirantes, quienes sufrieron graves problemas de salud, a tal punto que algunos debieron someterse a diálisis. Si bien estos hechos extremos ocurrieron en la Escuela de Cadetes, en el año 2016, ese tipo de “bailes” lesivos y humillantes se producen de forma sistemática en los procesos formativos. Y se sostienen a lo largo de toda la carrera de los agentes, sobre todo durante los primeros años, en una organización que válida el maltrato y las vejaciones verticales desde arriba hacia abajo.
Es ese sistema represivo, violento y machista el que enseña que la autoridad se ejerce con prepotencia y represión. Y expulsa a agentes que tratan a los ciudadanos de la manera que aprendieron puerta adentro a ejercer su función. La formación e instrucción de las fuerzas de seguridad es un molde deformado que reproduce esos graves vicios.
Luego, como también lo demuestran las noticias Policiales de estos últimos días, el mismo sistema se encarga de retroalimentar esa (de)formación de sus miembros con mecanismo de protección corporativa, que ofrecen impunidad a los excesos y desviaciones de las conductas.
Por ejemplo, días atrás, el exjefe de Drogas Peligrosas, Ricardo Daniel Ponce, fue nombrado como Jefe a cargo del Departamento de Logística de la Policía de la provincia. Esto, a pesar de estar procesado en la Justicia Federal e imputado por “abuso de autoridad” en el marco de una causa que investiga graves irregularidades y posible corrupción en procedimientos contra el narcotráfico.
También se supo que por orden de la Jefatura de la Policía, se reincorporó a 11 efectivos que estaban en disponibilidad por denuncias penales en su contra por hechos de violencia de género. Las demoras del sistema judicial para resolver cada caso, fue el argumento para restituir a violentos en sus funciones. Decisiones que además sientan precedentes para que otros miembros de las fuerzas que esten en la misma situación, actualmente o en el futuro, reclamen su reincorporación a pesar de sus inconductas.
No llama en absoluto la atención que en la mayoría de los casos de apremios o excesos policiales que trascienden en la prensa, los policías denunciados tengan antecedentes por conductas similares. Como la agente Santillan, denunciada por el abusivo arresto de las comerciantes el fin de semana, que en 2015 había sido denunciada e imputada por “vejaciones” por hacer “desfilar” desnuda a una mujer que detuvo en circunstancias igual de tiránicas.
“Ésta no es la policía que queremos”, repite el Jefe de Policía, y repudia públicamente los hechos de apremios y excesos. Ante denuncias de violencia policial, promete con elocuencia investigaciones internas para determinar lo sucedido. Pero la matriz formativa violenta y la impunidad corporativa son las que mandan.