El diputado nacional por Catamarca Rubén Manzi (CC-ARI – Juntos Por el Cambio) se refirió a la denuncia que realizó el bloque de la Coalición Cívica en contra de las autoridades del Movimiento Evita, la organización social que estaría desviando fondos del programa “Potenciar Trabajo”.
De acuerdo a los datos de la investigación, el fraude que ascendería a alrededor de 4.000 millones de pesos, contra el Estado Nacional, habría sido facilitado porque el principal dirigente, Emilio Pérsico, es el titular de la Secretaría de Economía Social, que es justamente la responsable de autorizar y controlar el envío de fondos a las cooperativas.
“Pérsico, además de ser Secretario de Economía Social y administrar los dineros que se giran y se transfieren a las organizaciones sociales, es el líder del Movimiento Evita. El Movimiento Evita, hasta el año pasado, había recibido unos 4.000 millones de pesos desde que el Gobierno de Fernández comenzó. No solamente estos 4.000 millones de pesos significan plata en el plan que ellos manejan sino que muchas son transferencias directas a cooperativas vinculadas al Movimiento Evita”, explicó Manzi.
En diálogo con medios de prensa, el legislador nacional destacó que “lo que ocurre en desarrollo social es gravísimo, porque están desviando fondos del Estado que está previsto que se destinen a personas en situación de vulnerabilidad, para las cooperativas que pertenecen y son controladas por el Movimiento Evita, y mientras se están dando de baja a miles y miles de beneficiarios de distintas organizaciones, las transferencias de recursos multimillonarios hacia la estructura del Movimiento Evita, continúa en forma regular”.
La denuncia de la CC-ARI apunta que hay una “asociación ilícita” que desvió, hasta abril del año pasado, más de 3.800 millones de pesos. Y señala como responsables, entre otros, a Emilio Pésico, el secretario de Economía Social y uno de los líderes del Movimiento Evita; Alexandre Roig, presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); la Directora Nacional de Cumplimiento y Fiscalizaciones, Milagros Moya (también integrante del Evita); y Gildo Onorato, que si bien no es funcionario, preside la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita Limitada, que es la organización en la que están nucleadas las Unidades de Gestión y asociaciones a las que se trasfirieron los fondos cuestionados. En el caso de la funcionaria Moya, es quien tiene como función dentro del Estado, controlar las transferencias de recursos. “Básicamente, Pérsico y Moya están de los dos lados del mostrador, y no tiene sentido que alguien se controle a sí mismo”, advirtió Manzi.
“Es gravísimo que en una situación de déficit fiscal y pobreza como la que tenemos, el Movimiento Evita, para expandir su poder político y clientelar, esté estafando al Estado, a todos nosotros, y no está llegando el dinero a los pobres, sino que lo están desviando para uso político; esto es una asociación ilícita”, sostuvo el legislador, quien señaló también como “llamativo” que desde que asumió Alberto Fernández, Pérsico parece inamovible en el cargo, ya que tuvo continuidad en la estructura del Ministerio de Desarrollo Social, por donde pasaron Daniel Arroyo, Juan Zabaleta y ahora Alicia Tolosa Paz. “En todo esto, las principales autoridades de la nación son cómplices”, afirmó.
“Esto no es una denuncia contra la gente humilde que necesita el Plan Potenciar Trabajo, esto es una denuncia contra los funcionarios nacionales que estafan, por un lado, a todos los contribuyentes argentinos que aportamos a través de nuestros impuestos, y por otro lado, estafan a la gente pobre, a la gente más vulnerable porque en lugar de que todos esos recursos lleguen para ayudar a la situación de pobreza, todo lo que queda en el camino son recursos que se utilizan para actuar políticamente y ampliar su base territorial. Es grave”, concluyó.
