Otra vez, con escándalo y entre acusaciones cruzadas, los diputados no sesionaron y fracasó el intento oficialista de aprobar el decreto de la Defensoría del Pueblo. Los diputados de la UCR, LLA y PRO se levantaron argumentando que los cambios introducidos no eran suficientes y que el tema no es prioritario. En el bloque del Frente de Todos denuncian que la oposición escapa al debate y que no cumplieron los acuerdos del trabajo parlamentario. ¿Quién miente? ¿Quién se beneficia? ¿Quién se perjudica?
Hace semanas que el oficialismo demuestra un exacerbado interés en cerrar el circuito parlamentario y aprobar el proyecto. Ese que, además, defienden con sobreactuado convencimiento y abundando en argumentos sobre porqué es necesaria su aprobación. Un interés que, dicen por ahí, está un poquito incentivado con acuerdos de espacios y conchabos para la tropa de los legisladores.
Es que, aparentemente, el tratamiento (o no tratamiento) parlamentario de la batería de decretos del Gobierno (Defensor del Pueblo, descuentos de OSEP, disolución del ENRE, nombramiento de Miranda y aumentazo en el Tribunal de Cuentas) habría marcado una línea imaginaría, pero muy tangible, entre el jalilismo y el corpaccismo. Los primeros urgidos por la ratificación parlamentaria de los decretos. Los segundos, dispuestos a negociar. Una especie de plan canje, por la que los diputados ya habían estado cobrando regalías, acomodando su gente en varios ministerios. Los detalles se los pueden dejar para otro momento.
El asunto es que, en principio, a los diputados del FdT se les había encomendado, trueque mediante, gestionar y llevar a buen puerto todo ese paquete, que incluye lo del Defensor del Pueblo. Osea, el nombramiento de Mera, que es lo que realmente importa en ese caso. Pero hasta ahora, por más diligencia y bríos que le pusieron al mandado, todavía no pudieron. ¿Fracasaron? Parecería que sí. Pero analizando un poco más se abren otras hipótesis.
Resulta que, en su concienzuda intervención, los diputados oficialistas le habían introducido al decreto de Jalil algunas modificaciones. Es decir, teniendo en cuenta que el decreto modifica la ley original de creación de la Defensoría del Pueblo, los legisladores les hicieron modificaciones a las modificaciones. Entre ellas, reduciendo la duración del ejercicio del cargo (12 años ponía Jalil) y bajando el mega sueldo de 9 palos que le había fijado, equiparandolo al nuevo salario suizo del directorio del Tribunal de Cuentas (que también se envió a Diputados).
Pero ahora, esas modificaciones no se aprobaron, con lo que el decreto sigue vigente sin cambios. Cargo por 12 años, con sueldo inicial de 9 millones. ¿Quién se beneficia? Adivinen.
¿Quién miente? Difícil saberlo. Pero si el Gobierno habilitó negociaciones con el corpaccismo para asegurarse el éxito de sus decreto, no sería descabellado pensar que también, como una redoblona, podría negociar con la oposición para bloquear las modificaciones. Aunque esto último puede ser un poco conspiranoide en exceso.
Como sea… ¿Quién pierde? De eso no hay dudas… los mismos de siempre. Los catamarqueños. Que ven como una figura que, en los papeles, debería defenderlos, al Gobierno solo le interesa para covachar un amigo y a los diputados, para conseguir sus puestitos.
El catucho