La causa judicial que involucra a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ingresó en una etapa decisiva luego de que Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino se presentaran esta semana ante el juez en lo penal económico Diego Amarante. Ambos dirigentes optaron por no responder preguntas durante sus declaraciones indagatorias y se limitaron a ratificar los escritos de descargo presentados por sus defensas, en los que reclamaron el cierre del expediente y su sobreseimiento.
Pese a esa negativa, los dirigentes sí debieron escuchar la lectura formal de los cargos y de la prueba acumulada en el expediente, abierto a partir de una denuncia de ARCA por una presunta retención indebida de aportes por 19.300 millones de pesos entre 2024 y 2025. Según la nota, durante el trámite se les exhibió un cuadro con 51 hechos atribuidos, vinculados a distintos períodos de aportes e impuestos que habrían sido retenidos y no depositados al fisco dentro de los plazos legales.
De acuerdo con la acusación judicial, a los directivos se les atribuye la presunta omisión de depósito, dentro de los 30 días posteriores al vencimiento legal, de sumas retenidas en concepto de Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Ganancias y contribuciones destinadas al Sistema Único de la Seguridad Social. Desde la AFA sostuvieron que esos pagos ya fueron regularizados y que la entidad actuó dentro de un marco permitido por la normativa vigente.
Entre las pruebas incorporadas al expediente figuran informes del Banco Credicoop sobre cuentas de la AFA, movimientos bancarios, personas autorizadas a operar fondos, formularios de apertura, registros de firmas y copias de cheques librados y cobrados. También se sumaron datos sobre transferencias para el pago de haberes, información sobre cuentas corrientes, cajas de ahorro, tarjetas de crédito, créditos, plazos fijos y otros instrumentos financieros vinculados a la asociación y a algunos de los directivos investigados.
Además, ARCA remitió un informe con el detalle de pagos efectuados por la AFA, posibles planes de facilidades solicitados para cancelar obligaciones impositivas y previsionales, y datos técnicos como direcciones IP desde las cuales se habrían realizado operaciones relacionadas con esas cancelaciones. A ese material se agregaron documentos institucionales enviados por la Inspección General de Justicia y la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense, incluyendo el balance cerrado al 30 de junio de 2025, el informe de auditoría independiente y el dictamen de la comisión fiscalizadora.
La investigación también incorporó planillas con retenciones vinculadas a contribuciones de la seguridad social correspondientes a períodos fiscales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, junto con intimaciones y notificaciones de deuda enviadas a la entidad. A eso se sumó un oficio remitido por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°41, con certificaciones de una causa por presunta administración fraudulenta relacionada con una denuncia del empresario Guillermo Tofoni.
Durante el trámite, Tapia se identificó como “empleado y a su vez dirigente deportivo, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino”, y al ser consultado sobre antecedentes judiciales de la entidad señaló que no sabía si la AFA había estado procesada, aunque recordó que al asumir abonó aportes adeudados de gestiones anteriores, correspondientes a Luis Segura y Armando Pérez. Toviggino, por su parte, también evitó responder sobre la imputación, aunque recordó que estuvo procesado en una causa similar y que finalmente fue sobreseído por la Corte Suprema en 2025.
Con las indagatorias ya cerradas, el juez Amarante quedó en condiciones de definir la situación procesal de los cinco imputados del expediente: Tapia, Toviggino, Gustavo Lorenzo, Víctor Blanco y Cristian Malaspina. El magistrado puede resolver procesarlos, dictar falta de mérito o sobreseerlos, tal como solicitaron las defensas. En paralelo, la Cámara en lo Penal Económico convocó para el próximo miércoles a una audiencia previa para analizar el planteo de inexistencia de delito impulsado por la defensa de Tapia y acompañado por el resto de los acusados.
Además, los jueces de apelación también deberán resolver sobre los pedidos para revocar la prohibición de salida del país que pesa sobre los dirigentes, otra de las medidas que sigue vigente en el marco de una causa que mantiene en vilo a la conducción del fútbol argentino.
