El Gobierno está desarrollando un proyecto de ley para tratar a las barras bravas como organizaciones criminales, con penas de prisión de dos a cuatro años para aquellos que transporten armas o se dediquen a la reventa de entradas de protocolo. Actualmente, el proyecto está siendo revisado por el área de Legal y Técnica de la Presidencia.
La propuesta también pone bajo la lupa a los organizadores de eventos deportivos, quienes serán responsables de garantizar la seguridad en los estadios. Se prevé que se sancione a quienes permitan el ingreso de armas o faciliten el acceso de personas con antecedentes penales.
El objetivo principal es penalizar actividades como el transporte de armas, la reventa de entradas y el control de estacionamientos por “trapitos” en las cercanías de los estadios. Además, se busca cortar las fuentes de financiamiento de las barras, que a menudo se sustentan en prácticas ilegales como extorsiones y amenazas.
Penas y medidas contra los barrabravas
Los dirigentes deportivos que colaboren con las barras, ya sea entregando entradas o manteniendo vínculos con ellas, también serán investigados. Si se demuestra su complicidad, podrían enfrentarse a penas de hasta seis años de prisión.
Otro aspecto clave de la ley será la aplicación de inhabilitaciones administrativas, permitiendo que las autoridades prohíban el acceso a los estadios a personas imputadas por delitos, incluso sin una sentencia definitiva.
El objetivo de esta normativa es eliminar cualquier brecha legal que permita a las barras operar con impunidad. Con esta medida, el Gobierno pretende erradicar el control territorial y financiero que estas organizaciones ejercen dentro y fuera de los estadios, en un esfuerzo por recuperar la integridad del fútbol como espectáculo deportivo.