Durante la última semana de septiembre, en medio de un conflicto con los gremios aeronáuticos, el Gobierno impulsó la posibilidad de privatizar Aerolíneas Argentinas, proponiendo un proyecto de ley que fue presentado en la Comisión de Transporte de Diputados sin una evaluación previa de apoyos legislativos. El debate del 25 de septiembre, que se extendió por seis horas con la participación de funcionarios como el secretario de Transporte, Franco Mogetta, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, dejó en evidencia la urgencia oficialista. Sin embargo, la falta de respaldo de bloques como el radicalismo y Encuentro Federal, considerados anteriormente como aliados dialoguistas, frustró la posibilidad de lograr un dictamen favorable.
El ausente director de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, fue objeto de críticas por su falta de participación en el debate. A pesar de esto, en una entrevista, Lombardo destacó que la empresa ha mejorado su balance en un 73%, aunque reconoció que “no es suficiente” debido a las negociaciones paritarias estancadas. Ante esta situación, el Gobierno recurrió al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 873/24 para declarar la compañía “sujeta a privatización”.
Próximos pasos y desafíos en la privatización
El DNU abre un nuevo escenario de debates, ya que la privatización deberá ser discutida en la Comisión Bicameral Especial de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, junto con otras ocho empresas estatales. Sin embargo, esta comisión aún no se ha conformado, y las recientes modificaciones en la composición de los bloques del Senado complican la definición de sus integrantes y posturas.
En la Cámara de Diputados, los bloques han expresado sus opiniones. Esteban Paulón, de Encuentro Federal, afirmó que su sector rechaza la privatización en los términos actuales, calificándola de “irresponsable” al no establecer condiciones claras. Propuso una alternativa que permitiría la participación de capital privado, similar al modelo de YPF, con la incorporación de un socio estratégico que asuma la gestión. Fabio Quetglas, del radicalismo, compartió una postura similar, sugiriendo que se priorice un sistema de cielos abiertos para garantizar la conectividad de las provincias y destinos emergentes.
Críticas y antecedentes
La oposición recordó los problemas derivados de la privatización de Aerolíneas Argentinas en la década de los 90, que resultó en un deterioro significativo de la empresa. Nicolás Massot subrayó en el debate que el proyecto actual recuerda a aquel proceso fallido y planteó la necesidad de auditorías de los últimos meses para evaluar alternativas antes de proceder con la venta.
Por otro lado, desde La Libertad Avanza, argumentaron que el déficit y la mala gestión estatal justifican la privatización. El oficialismo cuenta con el apoyo del PRO, que desde hace años aboga por la venta de la aerolínea, y la Coalición Cívica, que defiende la apertura del mercado para nuevas empresas. Sin embargo, las preocupaciones persisten sobre si los nuevos operadores estarían interesados en mantener rutas no comerciales, cruciales para la conectividad de muchas provincias.
Los gobernadores provinciales, cuyas decisiones influirán en el futuro de la aerolínea de bandera, observan con cautela este proceso, conscientes de la importancia de la conectividad para sus regiones y de los desafíos de un modelo privatizado.