El ministro de Defensa, Luis Petri, respaldó públicamente el decreto que permite a las Fuerzas Armadas detener a civiles en la frontera norte en casos de delitos cometidos en flagrancia. En declaraciones a Radio Mitre, sostuvo que la medida “está amparada por la ley” y criticó el rechazo de algunos sectores al considerar que “hay mucho prejuicio ideológico” detrás de esas posturas.
“El artículo 183 del Código Procesal Penal de la Nación habilita a toda persona a detener a alguien que esté cometiendo un delito en flagrancia. Nadie se escandaliza cuando lo hace un civil, pero parece que ese derecho no se quiere reconocer a las Fuerzas Armadas. Claro que se tiene que aplicar también a ellos”, remarcó.
Sobre el despliegue en las zonas fronterizas, explicó que los efectivos llevarán a cabo “operaciones de defensa” con equipamiento adecuado, incluyendo armas no letales, y estarán preparados para actuar según corresponda.
Ante las críticas sobre una posible violación a las leyes de Defensa y Seguridad Interior, Petri respondió: “¿Cómo que no lo permite? ¿Quién dice que no lo permite?”. Y aclaró que, si bien las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en seguridad interior, sí tienen el deber de proteger “los intereses vitales de la patria”, entre los que se incluye la soberanía territorial.
El ministro aseguró que esta decisión forma parte de una estrategia más amplia: “Además de dar la batalla cultural, estamos dando la batalla ideológica”. En ese sentido, subrayó que los efectivos deben actuar “equipados, capacitados y con reglas claras”.
Finalmente, concluyó: “Es imprescindible utilizar todos los recursos humanos y materiales para defender a los argentinos, particularmente en frontera”.